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Abogada Graciela Venegas sobre proyecto de reforma al reglamento del SEIA: “Hay ajustes que podrían demorar más el ingreso de proyectos”
La especialista analizó la iniciativa en seminario organizado por el Semillero de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (ACHIDAM). El anteproyecto de reforma fue presentado por el Jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente.
El aumento en el tiempo de tramitación de los estudios de impacto ambiental de un 82% y el incremento regulatorio “que hace cada vez más complejo poder tramitar proyectos” —fenómeno bautizado por algunos como “permisología”— genera un contexto en el que debatir en torno al anteproyecto de reforma al reglamento del SEIA resulta fundamental.
Así lo señaló el abogado y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (ACHIDAM), Arturo Brand, durante la inauguración del Seminario “Anteproyecto de reforma al reglamento del SEIA”, organizado por el Semillero de Derecho Ambiental de la Universidad Finis Terrae y la Asociación Chilena de Derecho Ambiental ACHIDAM.
En la actividad académica, el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Aylwin, expuso las principales modificaciones que propone el anteproyecto de reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en relación a las nuevas tipologías y criterios de ingreso de proyectos al SEIA y los cambios al régimen de tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).
“Esta reforma busca modernizar las tipologías de ingreso al SEIA y el sistema de gestión de los PAS, con la finalidad de focalizar la evaluación ambiental en los proyectos con impactos sobre el medio ambiente, y aprovechar esta herramienta intersectorial de gestión ambiental para abordar íntegramente los permisos adicionales que requieren los proyectos de inversión”, señaló el funcionario.
Precisamente los desafíos y oportunidades que conlleva la implementación de esta modificación, particularmente en relación con los permisos que actualmente son PAS mixtos y que pasarían a tramitarse íntegramente en el SEIA o en sede sectorial, fue el foco del análisis jurídico de la ex Jefa de la Dirección Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, Francisca Del Fierro.
“Creo que el gran desafío para que este proyecto no implique simplemente cambiar de lugar un problema, estará dado por los recursos que se destinen para su implementación, especialmente en cuanto a dotar al SEA de herramientas tecnológicas que le permitan incorporar en la evaluación de impacto ambiental, la tramitación completa de mayor cantidad de permisos”, señaló la abogada.
Por su parte, Graciela Venegas, socia del estudio jurídico Schultz, Carrasco y Benítez, calificó a la actualización de las tipologías de ingreso al SEIA como “bastante tímida”, señalando que a su juicio “se está perdiendo la posibilidad de considerar variables relevantes, como por ejemplo la adaptabilidad al cambio climático, pudiendo ajustarse tipologías que motiven a este tipo de proyectos, así como lo están haciendo con los proyectos de economía circular, que se están incentivando al establecer tipologías menos estrictas para proyectos de valorización de residuos”.
Con respecto al impacto que esta reforma pudiera tener en la llamada “permisología”, advirtió que estos nuevos ajustes en los permisos medioambientales que se pretenden tramitar completamente en el SEIA “podrían demorar más el ingreso de proyectos por los titulares, al tener que contar con información adicional que ahora no es necesaria. También me cuesta ver cómo los mismos organismos sectoriales van a poder responder a estos plazos bastante ajustados que hay en el SEIA. Me cuesta verlo en la práctica, la verdad”.
Finalmente, junto con destacar que la presencia de expositores del mundo público, privado y de la sociedad civil en este debate, la abogada y Directora Ejecutiva de la ONG CEUS Chile, Mariana Cruz, se mostró crítica en relación a que esta discusión “se teje a través de la rigurosidad de la evaluación técnica y de la entrega de información, considerando que estas demoras no se han dado necesariamente solo por las actuaciones de los organismos que evalúan, sino que también porque los titulares no han sido capaces de entregar la información de la forma correspondiente”.