Con la presencia de autoridades del Poder Judicial y otros organismos públicos, además de profesionales que trabajan en torno a la administración de justicia y los temas de niñez y adolescencia del mundo público y privado, se realizó de manera remota el conversatorio Lenguaje claro, niños, niñas y adolescentes: una mirada integral desde el mundo judicial, la academia y la niñez, actividad que tuvo como objetivo “relevar la importancia de la aplicación de un lenguaje claro y sencillo en causas en las que participen niños, niñas y adolescentes entre los operadores del sistema judicial”.La actividad fue inaugurada por el presidente de la Corte Suprema, Juan Fuentes Belmar, y contó con las ponencias de la presidenta de Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, ministra Ángela Vivanco Martínez; del ministro y presidente del grupo ejecutor provisorio de la Política para la Efectivización de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema, Diego Simpértigue Limare; la directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, Ester Valenzuela Rivera; del ministro del Tribunal de Apelaciones de la República Oriental del Uruguay,  Eduardo Cavalli Asole; y de la directora de la Escuela de Derecho de la U. Finis Terrae, Ángela Arenas Massa.

En su alocución, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco señaló que el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes “no se garantiza simplemente permitiendo la expresión de sus puntos de vista, sino que deben existir, tal como lo exponen numerosos instrumentos internacionales, una serie de medidas que garanticen la participación judicial idónea, lo que trae consigo la necesidad de impulsar adecuaciones a nivel procesal”.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema y profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, Diego Simpértigue Limare, destacó que entre las acciones del plan de trabajo que el Poder Judicial se encuentra desarrollando en esta materia, está la capacitación en lenguaje claro y sencillo la cual “tiene por objeto enseñar a los miembros de los tribunales de familia y penales a redactar y transmitir la información jurídica sin expresiones técnicas, de una forma directa y clara, a fin de facilitar que los niños, niñas y adolescentes puedan comprender el proceso y las decisiones adoptadas a su respecto”.

Finalmente, en su exposición la directora de la Escuela de Derecho de la U. Finis Terrae, Ángela Arenas Massa, analizó las observaciones realizadas por la Corte Suprema a la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral sobre los derechos de la niñez y la adolescencia durante su tramitación, advirtiendo que dado que el artículo 50 de ese texto legal consagra “el derecho a una representación judicial letrada, especializada y autónoma” y que además “garantiza una provisión progresiva de su oferta por parte del Estado”, ello puede generar el problema de que “no se cuente con profesionales suficientes al momento de la entrada en vigencia de la ley”.

Asimismo, la profesora Arenas adelantó los resultados de la investigación desarrollada junto a la académica de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, Simona Canepa Aravena, en conjunto con un grupo de estudiantes de la Facultad, donde se caracterizaron las causas derivadas por el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago a la Clínica Jurídica Civil Familia de la U. Finis Terrae entre 2017 y 2020.

“Desde la implementación de la ley hasta hoy ha ido sucediendo que instituciones que forman parte de la Administración del Estado, así como también entidades privadas coadyuvantes de la administración de justicia, como por ejemplo las Clínica Jurídicas de algunas universidades, hemos ido ayudando a cubrir este requisito legal, pero no necesariamente se ha generado un aumento significativo de plazas que puedan cubrir esta necesidad”, resumió la directora. Puede ver el seminario completo en este enlace.