En las dependencias del Congreso de Santiago, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, recibió a representantes de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), entidad que agrupa a 15 universidades privadas del país, quienes le manifestaron su disposición para colaborar activamente y poner sus recursos académicos a disposición del nuevo proceso constituyente, con el fin de asegurar su éxito.

En representación del consorcio educacional participaron su presidente y rector de la Universidad Finis Terrae, Cristián Nazer; y las directoras de la CUP Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de Las Américas y Claudia Peirano, rectora de la Universidad Santo Tomás, además de la directora de Desarrollo de la CUP, Paulina Hidalgo, quienes también le hicieron entrega de un documento que sintetiza algunas de las acciones que se realizarán en las casas de estudio que conforman la CUP.

“El cuerpo académico de nuestras instituciones se encuentra disponible para apoyar y colaborar en este proceso, además de difundirlo en la sociedad mediante acciones de formación y reflexión ciudadana”, destacó el rector Nazer.

Asimismo, la CUP precisó que cuenta con expertos y expertas constitucionalistas dispuestos para trabajar en las instancias que se requiera y con destacados y destacadas especialistas en educación superior, a disposición del Congreso en las instancias que fuesen necesarias.

En tanto, el diputado Mirosevic valoró el encuentro y se comprometió a organizar una nueva reunión, esta vez acompañado por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma y por representantes de la Secretaría de Participación Ciudadana, en la que participan todas las casas de estudio acreditadas del país.

Postulados de la CUP

A juicio de la Corporación de Universidades Privadas, el futuro texto constitucional debe asegurar la igualdad de oportunidades que el Estado otorgue a los estudiantes de la educación superior y en el diseño de las políticas públicas en materia educacional; el sistema de provisión mixta en todos los niveles educativos y la asignación de recursos estatales para el fomento y desarrollo de la investigación y la innovación en consideración a la calidad de los proyectos.

Además, según lo planteado en el documento entregado al presidente de la Cámara, la nueva Constitución que oriente al país por los próximos 30 o 40 años debe garantizar adecuadamente el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Respecto a este último punto, resulta indispensable defender lo que en ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se entiende como su “núcleo irreductible”, el que consiste en el derecho de personas naturales e instituciones para abrir, dirigir y desarrollar proyectos educativos distintos de los estatales, lo que, en el caso de las universidades, comprende la autonomía académica, administrativa y financiera y el respeto por la libertad de cátedra.