“El argumento de la Corte Suprema descansa en una interpretación a contrario sensu del artículo 24 h), letra a), de la Ley 18.168”, plantea en su análisis el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, doctor Joaquín Reyes Barros, señalando que “esta interpretación es, por decir lo menos, dudosa. Se hace decir a la ley algo que no dice, y se inventa ex nihilo un deber jurídico que antes no existía. En efecto, que la proveedora de servicios de internet tenga el deber de no bloquear sitios webs legales (lo que dice el artículo citado) únicamente implica que no tiene la libertad de bloquear sitios webs legales. De tal prohibición no se deduce, en estricta lógica, un supuesto deber de bloquear sitios webs ilegales”. 

Le invitamos a leer el análisis completo en este enlace, bajo suscripción, o a continuación: