En el marco de la conocida polémica sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, numerosas jurisdicciones latinoamericanas —incluida la chilena— han comenzado a utilizar la cita a las Observaciones Generales del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) para fundar sentencias que ordenan al Estado otorgar determinadas prestaciones sociales. Es en ese contexto que la investigación del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, doctor Rodrigo Poyanco Bugueño, se propuso analizar de manera prospectiva uno de los problemas que presenta el uso de dicha técnica: el eventual contenido de políticas públicas de estos instrumentos internacionales y su utilización como criterio de adjudicación por los tribunales sudamericanos en cuestiones relativas a los derechos sociales, con énfasis en la jurisprudencia de la Corte Suprema. 

Desarrollado en el marco de su Proyecto FONDECYT de Iniciación a la Investigación 2023 N° 11231058 titulado “Perspectivas de la aplicación de las observaciones generales del comité del PIDESC en materia de derecho a la salud”, el profesor Poyanco presentó avances de su trabajo como parte del primer encuentro de investigación organizado por nuestra Facultad en el año que recién comienza.

La actividad contó con la participación de parte del cuerpo docente de nuestra Facultad y con los comentarios del profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor Manuel Núñez Poblete, quien señaló que se trata de “un trabajo muy crítico, muy profundo, sobre la influencia de las opiniones de las organizaciones internacionales en materia de DD.HH. en la jurisprudencia nacional, en materia de adjudicación de derechos sociales. Un tema que es siempre actual, contingente, relevante, tanto así que la justiciabilidad de los derechos sociales fue analizada por los dos proyectos anteriores de nueva Constitución”.

Asimismo, el profesor Núñez Poblete destacó que la investigación resulta relevante “porque desde una perspectiva crítica hace un escrutinio profundo respecto de los problemas que hay detrás de la intervención judicial y del derecho, particularmente de opiniones —que son eso, opiniones y no decisiones obligatorias— que influyen en la manera como se diseñan y ejecutan las políticas públicas en el país”.