“Los motivos principales para denunciar el Convenio de Washington estarían vinculados con anomalías en el sistema internacional de solución de controversias entre inversionistas y Estados —el que está en proceso de mejora—, facilidades que la administración pasada confirió a inversionistas y con las cuales no concuerda la presente administración, y una visión al inicio del Gobierno de un alcance muy limitado en el campo jurídico”, señaló el abogado  y ex canciller de la República de Honduras, Roberto Flores Bermúdez, durante la mesa académica que cerró la 5ta versión del seminario Revisión de laudos arbitrales de inversión 2023, organizado por las facultades de Derecho de la U. Finis Terrae y la U. Autónoma de Chile.

En dicha mesa, que tuvo por finalidad analizar la situación que vive Honduras a raíz de su decisión de denunciar el Convenio de Washington a principios de este año, como reacción a las nueve demandas presentadas por inversionistas extranjeros contra ese Estado en 2023, el ex ministro de Relaciones Exteriores destacó que “el Estado de Honduras está obligado a pagar estas sumas reclamadas, y el país no tendría recursos para su desarrollo. Estos reclamos suman más de 12 mil millones de dólares. Y esto comparado con el Producto Nacional Bruto, que es de 32 mil millones, representaría el 40% de los recursos del Estado”.

La Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocida como Convención de Washington, fue dictada en 1965 por el Banco Mundial para brindar seguridad jurídica a la inversión extranjera internacional y crear mecanismos de solución de controversias entre Estados anfitriones e inversores extranjeros (conciliación y arbitraje), administrados por una institución arbitral llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), explica la Directora de Investigación de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, doctora Ivette Esis Villarroel, señalando que una de las principales consecuencias de la denuncia de Honduras a dicho convenio “es que cierra la posibilidad de que el inversor extranjero pueda demandar a Honduras en esa institución de acuerdo a las reglas procesales de la propia Convención”.

En la instancia, la abogada hondureña Stephanie Andino Ochoa, entregó el contexto legal que en dicho país rige en temas de inversión, planteando que toda esa legislación “muestra que a pesar de que Honduras haya denunciado el convenio del CIADI, sigue manteniendo un entorno jurídico que protege a la inversión”.

Por su parte, el abogado Juan Diego Lacayo González analizó las consecuencias que esta decisión tendría para ese país, destacando que la denuncia a la Convención de Washington no implica que Honduras dejará de recibir demandas por parte de inversionistas extranjeros ya que existen otros mecanismos para ello más allá del CIADI, y que esta situación afectará la reputación internacional de Honduras además de aumentar el riesgo país, afectando la llegada de inversiones, ya que se vulnera la seguridad jurídica y “el arbitraje deja de ser entonces ese contrapeso que teníamos como garantía de protección de inversiones a la hora de asesorar a nuestros clientes internacionales”. Asimismo, señaló, este hecho podría entorpecer las actuales negociaciones de un tratado comercial entre Honduras y China, país que utiliza preferentemente al CIADI como mecanismo de solución de controversias para sus inversores connacionales.

A lo largo de las dos jornadas de la quinta versión del seminario, además de la mesa dedicada a Honduras, expertos de toda la región analizaron los laudos arbitrales de inversiones más destacados de 2023. De dichos análisis, la Directora de Investigación de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae y organizadora del evento, doctora Ivette Esis Villarroel, destacó que ellos dieron cuenta de que en este tipo de solución de controversias efectivamente se “está analizando cuándo un Estado soberanamente incumple o no incumple un tratado, y no cuando actúa como una simple parte contractual”, que se “está ratificando una tendencia según la cual los Estados comienzan a ser más cautelosos respecto a la admisión de las inversiones extranjeras por motivos, por ejemplo, de seguridad nacional”, además de confirmarse la “necesidad de que los Estados expresen su consentimiento de acudir a este tipo de arbitrajes de manera explícita a través de una ley, un contrato o un tratado”.

Finalmente, el Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la U. Autónoma de Chile y organizador del evento, doctor Andrés Delgado Casteleiro, destacó que el seminario Revisión de laudos arbitrales de inversión “es una actividad académica única en Latinoamérica que en esta quinta edición se consolida como un evento especial que atiende a la constante necesidad de actualización del público interesado en temáticas relevantes sobre la litigiosidad inversor-Estado”.