Con un análisis de las fuentes del ordenamiento constitucional colombiano y su jurisprudencia en materia de derechos sociales, así como las herramientas principales que ha usado la Corte Constitucional de ese país en dichas materias, la profesora de la Universidad EAFIT de Colombia, Dra. Beatriz López, expuso ante los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, en el marco del proyecto FONDECYT N° 11231058 del profesor Rodrigo Poyanco, titulado Perspectivas de la aplicación de las observaciones generales del comité del PIDESC en materia de derecho a la salud.

“En Colombia hay mucha indeterminación respecto a los derechos sociales, porque lo que ha hecho la jurisprudencia es que ha ido expandiendo, digamos, el significado de los derechos sociales”, señaló la académica. Asimismo, la docente planteó que como los derechos sociales son derechos que deben regularse por políticas públicas, ya que la forma en la que se ejecutan depende de una discusión en el Congreso en relación al patrimonio de la Nación, “la intervención de los jueces en estos casos es que, en general, esas políticas públicas se dejan un poco de lado y empiezan a hacerse órdenes efectivas en materia de derechos sociales”.

Esto tendría como consecuencia, explicó la docente, “una expansión de las garantías que tienen los ciudadanos, y por ende un mayor gasto presupuestario que tiene que destinarse a ese tipo de garantías. Entonces, cuando un juez empieza a dictar sentencias que tienen consecuencias económicas, empezamos a sufrir ciertos declives también en el sistema por ejemplo lo que ha pasado en Chile con el caso de las Isapres”, concluyó.

Por último, la investigadora agregó que, dado que en su investigación el profesor Poyanco trabaja el tema de derechos sociales analizando si las observaciones que se realizan respecto a los derechos económicos, sociales y culturales deberían ser vinculantes al ordenamiento jurídico interno, conocer la experiencia colombiana en este tema “funciona como un sistema de contraste, como para ver cómo lo hace un Estado y una Corte mucho más progresista que el sistema chileno”.