Por Equipo de Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística y Doctorado.

En un escenario donde el 83% de la ciudadanía evalúa como malo y muy malo el proceder de los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público en Chile, la incorporación de nuevas tecnologías como el procesamiento de datos, algoritmos y la inteligencia artificial se presentan no solo como una vía para mejorar la eficiencia en la tramitación de casos, reducir costos y simplificar procesos, sino también como una herramienta útil para lograr una justicia más transparente y equitativa, superando las limitaciones que han erosionado la confianza en el sistema judicial. 

Esta nueva etapa de digitalización del sistema, impulsada por la analítica de información legal y la justicia predictiva, es precisamente lo que aborda el Laboratorio Avanzado de Investigación en Ciencia de Datos para el Derecho (LIACDD) de la Universidad Finis Terrae. 

Liderado por la Dra. Ángela Arenas Massa, el LIACDD es fruto del trabajo interdisciplinario entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería, desarrollando líneas de investigación en tribunales de familia y penales, así como en organismos de Derecho Internacional, sumándose a la tendencia global de aplicar ciencia de datos para apoyar y mejorar los procesos judiciales, principalmente en favor de los grupos más vulnerables en nuestro país.

Analitica avanzada en violencia intrafamiliar

Aunque el laboratorio se oficializó en 2023, el trabajo del LIACDD comenzó mucho antes con la caracterización de más de 1400 causas relacionadas con violencia intrafamiliar (VIF) y otras problemáticas de grupos vulnerables. “Comenzamos de manera manual. Con la ayuda de estudiantes de tercero y cuarto año de Derecho, se extraía la información de cada causa, que puede tener hasta 400 páginas, y la organizaban en una tabla Excel con más de 800 variables”, comenta la Dra. Arenas. Pero con la colaboración de la Facultad de Ingeniería se logró optimizar el proceso sistematizando en un corto periodo más de 2 mil causas: “esta alianza nos permitió estructurar los datos y aplicar algoritmos más complejos, lo que se tradujo en análisis más precisos y eficientes para la toma de decisiones judiciales”, explica la abogada, quien publicó este año, junto a un grupo de investigadores, el libro “Derechos de las y los pacientes” (Ediciones Der, 2024).

Desde el LIACDD han realizado un análisis moderno sobre la violencia intrafamiliar (VIF), ¿nos podría entregar algunos datos o hallazgos importantes en esa problemática? 

“Hemos visto que en un 60% de los casos las madres son las denunciadas por violencia intrafamiliar. Este dato rompe un mito común: que el padre siempre es el agresor. En muchos casos, las denuncias provienen de otros familiares o del colegio, donde por lo general los niños sin un padre presente, terminan siendo víctimas de maltrato por parte de sus madres. Un dato preocupante”.

Contrario a la creencia generalizada, los casos de VIF no aumentaron significativamente durante la pandemia, aclara la Dra. Arenas. “Eso es otro mito. Según nuestros datos, no hemos visto un aumento considerable, al menos no en las causas derivadas desde el tribunal en la región Metropolitana, que es nuestro territorio de estudio”, sostiene la académica.

Datos coherentes con las estadísticas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que muestran una disminución de entre el 12% y el 20% en la tasa de casos de VIF en 2019. Además, la Dra. Arenas explica que muchas situaciones de VIF no son formalmente denunciadas y permanecen ocultas en el ámbito familiar. Esto se refleja en el aumento del 80% en las llamadas relacionadas con VIF al Fono Orientación y al Fono Denuncia de Carabineros durante los periodos de encierro, que no llegaron a ser conocidas por la fiscalía. 

¿Cuáles deberían ser entonces los mecanismos de detección temprana o denuncia de violencia intrafamiliar?

“En el caso de las mujeres, los mecanismos de detección pueden ser complejos debido a diversas barreras sociales y culturales. Siempre se espera que la propia víctima denuncie o que informe a un familiar, lo que puede ser complicado si la mujer siente presión para retractarse de su denuncia. Pero también influye el contexto socioeconómico, pues en comunas con más recursos, los servicios de atención social pueden ser más accesibles y efectivos, como el caso de la comuna de Providencia”.

Divulgación del conocimiento y conciencia 

Inspirada por las iniciativas del Papa Francisco para erradicar la violencia contra las mujeres en África, la Dra. Ángela Arenas Massa creó el programa radial Eco de Esperanza. Emitido entre abril y junio de este año, el proyecto se desarrolló a partir de los datos recogidos por el LIACDD y en colaboración con Radio María y la Dirección de Pastoral de la Universidad Finis Terrae. A lo largo de trece capítulos, se abordaron diversas temáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar, con un enfoque particular en los adultos mayores.

“La violencia contra los adultos mayores es una problemática que muchas veces pasa desapercibida. Por eso, en nuestros programa discutimos desde el abuso patrimonial, que ocurre cuando los hijos o personas de confianza sustraen bienes de los mayores a través de engaños, hasta la violencia física y psicológica, que muchas veces se presentan de manera conjunta”, explica la abogada y Doctora en Historia y Teoría del Derecho Europeo por la Universidad de Roma Tor Vergata en Italia. 

La vulnerabilidad en las cárceles 

Otro proyecto destacado del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencia de Datos en Derecho (LIACDD) es el estudio sobre la demencia en recintos penitenciarios que albergan adultos mayores vulnerables. Adjudicado en el Concurso de Investigación con Colaboración Internacional (CICI) de la Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística y Doctorado en 2022, el estudio se centra en la caracterización de datos judiciales sobre adultos mayores, hombres y mujeres, con demencia en cárceles de la Región Metropolitana.

Durante la investigación, que contó con la colaboración de académicos de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, se visitaron ocho cárceles del Gran Santiago y se entrevistaron a 356 personas mayores de 65 años. “Descubrimos un número significativo de personas con síntomas de demencia, lo cual plantea serias dudas sobre el impacto del entorno carcelario en el deterioro cognitivo”, señala la Dra. Arenas, planteando la posibilidad de que la prisión misma pueda ser un factor desencadenante de esta condición.

Según datos recientes de Gendarmería de Chile (junio de 2024),  en los complejos penitenciarios de la Región Metropolitana conviven 20.399 reclusos y apenas un 2,9% corresponde a adultos mayores entre 65 y 95 años. Población minoritaria que enfrenta problemas adicionales como el abandono familiar, la presencia de enfermedades crónicas o terminales, condiciones de insalubridad y violencia o rechazo de los reclusos más jóvenes; situaciones que exacerban su vulnerabilidad en un ambiente de por sí crítico. 

“En la mayoría de los países, según convenciones internacionales, las personas mayores de 75 años no se encuentran en prisión, sino bajo arresto domiciliario. Sin embargo, en Chile esto no se ha implementado debido a la situación de los pabellones de derechos humanos, tema que tiene una connotación muy política”, explica la profesional, quien también es miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. 

¿Cómo evalúa el sistema carcelario en relación al estudio que realizaron, considerando la crisis actual de las cárceles?

“El problema es que la infraestructura carcelaria no se amplía. No hay más baños, más celdas, ni más comedores. Todo permanece igual y el sistema está estresado con la sobrepoblación. Con más reclusos, debo aumentar los turnos, y es inevitable que haya personas que se queden sin comer, generalmente los adultos mayores. Esto afecta tanto su nutrición como su calidad de vida, y tristemente hemos comprobado, que los adultos mayores son considerados el basurero del basurero dentro de la cárcel”. 

Optimizar los procesos legales y promover decisiones basadas en evidencia son los pilares que promueve la Dra. Ángela Arenas Massa desde  el Laboratorio Avanzado de Investigación en Ciencia de Datos para el Derecho (LIACDD). Sin embargo, su misión docente se extiende más allá del ámbito académico y judicial, orientando su trabajo en construir una ciudadanía más informada y un sistema legal justo y equitativo para nuestro país.