“El estudio muestra que las personas mayores aportan muchísimo en convivencia intergeneracional, en mediación cuando hay conflictos en las empresas. En el tema de la responsabilidad y el cómo apoyan a los trabajadores más jóvenes para que tengan autonomía, así como en el respeto al interior de las organizaciones y la identificación de necesidades especiales que se generan en las empresas”, explicó.

Con respecto a la experiencia de los países que se encuentran más avanzados en legislación y políticas públicas sobre esta materia, la profesora Arenas señaló que “han ido desarrollando medidas de seguridad y de salud en el trabajo para las personas mayores, subsidios a la contratación indefinida o temporal de mano de obra adulta, además de planes de reintegración de personas mayores al mundo laboral y exenciones tributarias a su capacitación, así como otras medidas relacionadas a la seguridad social”.

Por último, la directora Arenas hizo un llamado a que el proyecto de ley pueda enfrentar “una discriminación que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores nos pide trabajar. Es la que dice relación con la discriminación que sufre este grupo en relación al sueldo mínimo, el que puede ser hasta un 25% más bajo del que recibe una persona entre los 18 y 59 años”, concluyó.

Galería fotográfica