Este miércoles 30 de abril es el plazo para que la Subsecretaría de Educación Superior publique los aranceles regulados- monto que paga el Estado por cada alumno en gratuidad y que se calculan según criterios técnicos que consideran aspectos como costos operacionales, duración real de las carreras y eficiencia institucional -que comenzarán a regir a partir del año 2026 y así lo harán por el próximo período de cinco años. 

En el período previo a este plazo se ha generado discrepancias entre las autoridades del Ministerio de Educación y rectores de Universidades Privadas, dado que estos últimos expresan que sus casas de estudio se ven desmejoradas con el cálculo impuesto, así lo hizo saber el rector de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, en una entrevista con T13 EN VIVO. 

“Lo que se está haciendo con este nuevo cálculo es poner en riesgo, en algunos casos, la sostenibilidad de las universidades privadas”, expresó Vargas quien añadió que “estamos levantando esta voz de alerta en la esperanza de que la autoridad quiera echar pie atrás y eventualmente cambiar la manera en que se calculan estos aranceles regulados”. 

Sobre la afectación que enfrentarían las casas de estudio privadas, el también ex subsecretario de Educación Superior, sostuvo que “los nuevos aranceles regulados representan el 92,9% de los costos que nosotros mismos hemos declarado, y por lo tanto decimos que se imcumple con la ley o con su espíritu, en términos de que ni siquiera podemos cubrir los costos asociados a impartir estas carreras, y esto nos parece delicado”. 

Frente a las medidas que deben tomar las universidades frente a este escenario, el rector Vargas fue enfático en explicar que ya enfrentan ciertos ajustes: “Esto nos obliga a hacer esfuerzos adicionales para tener mayor eficiencia, y eventualmente vamos a ralentizar la contratación de profesores, e incluso puede implicar el cierre de centros de investigación”. 

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