Académicos de la U. Finis Terrae presentaron investigación realizada a solicitud del Ministerio de Justicia

El trabajo fue desarrollado al amparo del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho (LIACDD) de la U. Finis Terrae, centro de investigación que utiliza la inteligencia artificial en el análisis de documentos judiciales.

Publicado: Junio 19, 2025

Desarrollada a partir de una solicitud del Ministerio de Justicia a través de su Departamento de Reinserción de Adultos, la investigación interdisciplinar realizada por la profesora de la Facultad de Derecho y directora del LIACDD, Dra. Ángela Arenas Massa, junto al director de la Escuela de Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones de nuestra casa de estudios, Dr. Jorge Bozo Parraguez, extrae, recopila y analiza la variación de criterios y fundamentos esgrimidos por los tribunales del país al otorgar o denegar las solicitudes de libertad condicional.

Los avances de dicho trabajo fueron presentados por ambos académicos durante el II Congreso Chileno de Derecho y Tecnología que se llevó a cabo en la sede de Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello a inicios de este mes.

La Dra. Arenas explicó que el estudio surgió luego del notorio aumento en las denegaciones de la libertad condicional a partir de una reforma legal del año 2019, la cual reguló de manera más restrictiva el acceso a este beneficio.

A propósito de este cambio que endurece la entrega de la libertad condicional, su otorgamiento ha disminuido notoriamente. Pero lo ha hecho a través de la utilización de disímiles criterios a lo largo del país”, explica la académica. “Los datos que al Ministerio de Justicia le interesa extraer de los documentos judiciales, son aquellos que hablan de la fundamentación por la cual los informes de gendarmería acogen o rechazan una solicitud de libertad por parte del recluso que postula”, agregó.

Para ello, la Dra. Arenas trabajó en la definición de un tesauro (lista de palabras o términos de conceptos específicos) junto a los abogados del Ministerio de Justicia, mientras que el profesor Bozo desarrolló una herramienta tecnológica que permite extraer la información relevante para el análisis de los documentos judiciales.

El profesor Bozo señala que el principal desafío que debió enfrentar en el proceso fue la variedad de formatos que presentan los documentos jurídicos. “Generalmente los documentos que están contenidos en estos repositorios jurídicos no son textos desde el punto de su formato, muchos de ellos son fotografías y de mala calidad, lo que dificulta el tema de su lectura y poder traducirlo a texto para su análisis en base al tesauro”, explicó.

La herramienta diseñada por el académico permitió dar cuenta de los criterios utilizados en el otorgamiento o denegación de la libertad condicional, y su relación con otros factores como “el tipo de delito cometido, si hubo políticas de reinserción o no, el comportamiento del recluso o si hay factores de riesgo, entre otros, con el fin de entender por qué hay tanta variedad de decisiones a lo largo del país, cuando las personas que solicitan la libertad condicional están recluidas por el mismo tipo de delito”, explicó la profesora Arenas.

El objetivo de este estudio es relevante pues, a partir de esta información agregada, el Ministerio de Justicia podrá ajustar el diseño de sus políticas públicas en la materia.

En un contexto de endurecimiento de las penas, muchas veces se rechaza la libertad condicional en delitos que no son tan gravosos, y se mantiene encarceladas a personas que terminan empeorando su comportamiento, incrementando los niveles de problemas de salud mental, y sin un proceso de reinserción que les permita ir modificando sus conductas, atochando además las cárceles y generando así un costo altísimo para el Estado, alimentando un círculo vicioso”, resumió la académica.

Asimismo, la Dra. Arenas destacó la acogida que tuvo la ponencia de este trabajo realizado en conjunto con el Dr. Bozo durante el II Congreso Chileno de Derecho y Tecnología,  encuentro en el que juristas de Chile, México, Argentina, Perú, Bolivia, España e Italia analizaron los desafíos éticos y legales de la disrupción de la inteligencia artificial y cómo estas nuevas tecnologías afectan el ejercicio del derecho.

Todos los expositores eran abogados, fuimos prácticamente el único equipo que combinaba el Derecho y la Ingeniería, por lo que nuestra ponencia fue bastante original, llamó mucho la atención el trabajo interdisciplinar que desarrollamos a través del laboratorio”, señaló.

La interdisciplina es muy importante para nosotros”, agregó el matemático, ingeniero y Dr. en Ciencias de la Ingeniería en el área de la Ciencia de la Computación, Jorge Bozo. “La computación por sí sola es muy bonita, pero es mejor cuando está aplicada en un contexto específico, porque necesita la data para funcionar. Ya sea que esos datos provengan de la economía, la medicina, la meteorología, la astronomía, la física, o como en este caso, el derecho. Donde hay datos que se puedan procesar, tiene sentido la computación”, resumió.