En un auditorio repleto de estudiantes, autoridades y académicos investigadores del Derecho Administrativo de diversas casas de estudio, se realizó el lanzamiento del número XXV de la Revista de Derecho de la U. Finis Terrae, dedicada en esta ocasión a la Ley N° 19.886 sobre contratación pública.
El encuentro académico fue inaugurado por el Decano de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, Ricardo Jungmann Davies, quien en su alocución destacó la trayectoria de la publicación creada en 1997 por el profesor y director de Publicaciones de nuestra Facultad, Enrique Navarro Beltrán, señalando que la revista ha cumplido cabalmente con su misión declarada en su primer número hace más de un cuarto de siglo. Esto es:
“Dar a conocer a la comunidad académica internacional y a los diversos actores jurídicos la labor de investigación y extensión de nuestra Facultad, así como incentivar el trabajo de investigación de los alumnos y académicos, logrando divulgar ideas nuevas que enriquezcan el pensamiento crítico y el Derecho”, recordó el decano.
Luego de ello, el Presidente del Tribunal de Contratación Pública y profesor de nuestra Facultad, Pablo Alarcón Jaña, realizó una revisión de los nueves artículos, escritos por una docena de autores, que conforman el nuevo número de esta publicación anual. En particular, explicó la importancia del principio de libre concurrencia en el marco de los distintos principios que rigen la contratación administrativa en Chile, tema abordado en un artículo de la revista por el ex Relator Titular del Tribunal de Contratación Pública, Pedro Bello Villablanca, en conjunto con el magistrado Alarcón.
“Si una sociedad será más o menos libre en la medida que se respete más o menos el principio de subsidiariedad, en el ámbito de la contratación pública podríamos decir que el principio de libre concurrencia puede ser el barómetro de un sistema de compras públicas, ya que este será accesible, transparente y público efectivamente, en la medida que se eliminan las trabas, barreras de entrada, etcétera, que impiden a los distintos oferentes ofertar de los distintos procedimientos de control”, señaló el profesor Alarcón.
La actividad continuó con la exposición de la Jueza del Tribunal de Contratación Pública, señora Jenny Turrys Nicolás, autora además de uno de los artículos académicos de la revista en comento, quien centró su ponencia en la contratación simplificada y su tutela judicial efectiva. En su análisis sobre el procedimiento de la “compra ágil”, explicó que si bien este procedimiento resulta “eficaz, eficiente y oportuno para satisfacer una necesidad pública”, es también “el paraíso de las unidades de compra y el terror de la fiscalía”.
La magistrado Turrys refrendó su análisis con las estadísticas sobre modalidad de compra en el aparato público, datos que muestran que si bien la licitación pública sigue siendo la forma más utilizada, “la compra ágil que empezó a regir desde el 2020 como modalidad de trato directo y ahora como modalidad de contratación particular se le acerca a pasos agigantados”, señaló la jueza.
“A pasos tan agigantados que el día de ayer la compra ágil sobrepasó en cantidad de procesos de compra a la licitación pública y lo más probable es que la llegue a pasar por sobre los 100.000 procesos de compra a final de año, lo que demuestra que hoy en día es el mecanismo de contratación que más se utiliza es la compra ágil”, explicó.
La magistrada Turrys advirtió que a pesar de la gran cantidad de adquisiciones a través de esta modalidad, “solamente se han presentado tres causas vinculadas a compra ágil frente a un universo de 753.247 procedimientos. Esto significa que la judicialización del procedimiento más utilizado en Chile solamente llega al 0,00039%”.
“Hay dos hipótesis frente a esto. O hay un éxito de eficacia administrativa maravillosa en la compra ágil (…), donde las unidades de compra y adquisición lo están haciendo magnífico y maravilloso y por tanto todos los proveedores están felices y contentos. O hay un déficit en acceso a la tutela judicial efectiva. A mi juicio, la cifra puede evidenciar efectivamente lo segundo”, advirtió.
La siguiente ponencia estuvo a cargo de la profesora de nuestra Facultad, Paulina Cafena Jottar, quien expuso en torno a las compras públicas en materia municipal, abordando el ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886 en este ámbito como por ejemplo, en la necesidad de obtener acuerdo del consejo municipal en determinados contratos en razón de la cuantía o de la extensión del mismo, la regla general de extensión de toma de razón de los municipales y, finalmente, la potestad que le asiste a las municipalidades de establecer en sus bases de licitación criterios de evaluación preferentes o prioritarios para proveedores locales.
En su exposición, la académica destacó que “uno de los ejes inspiradores de la reforma a la ley en comento ha sido la incorporación de mayores estándares de probidad y de transparencia en las contrataciones del Estado”, razón por la cual “la nueva normativa lo amplió considerablemente el espectro de instituciones públicas que se encuentran obligadas a someterse a esa ley y al reglamento”
“En materia municipal, hoy día bajo la nueva normativa, cabe la absoluta certeza de que no solo las municipalidades, sino también las corporaciones municipales y las fundaciones y asociaciones de participación municipal, son sujetos o obligados íntegramente por la ley y por el reglamento de compras (…) lo que implica un incremento sustantivo de transacciones que van a tener que realizarse a través del mercado público”, agregó.
Finalmente, la actividad cerró con las palabras del ex Contralor General de la República y Presidente del Colegio de Abogados de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga, quien en su intervención destacó el rol clave que han tenido las revistas jurídicas en la historia del Derecho Administrativo chileno.
“En sus artículos académicos se hablaba de transparencia antes de una ley de transparencia. Y de procedimientos administrativos, de toma de razones, de todas las instituciones que hoy día están regladas y reguladas por la ley, antes de que lo estuvieran (…) (Las revistas jurídicas chilenas de Derecho Administrativo) han funcionado en la creación sostenible de un derecho que no tenía una ley oficial de nacimiento”, recordó el jurisconsulto.
Sobre el nuevo número de la Revista de Derecho de la U. Finis Terrae, el excontralor Mendoza señaló que se trata de “una muy buena revista, con una buena dirección y buenos artículos. En ese sentido, quiero felicitarlos, porque es un muy buen reflejo de los 21 años de cumplimiento de la Ley de Contratación Pública”.
