“Con el nuevo texto constitucional se presentarán controversias en los tribunales de justicia (nacionales e internacionales), donde razonablemente se podrá estimar que se ha modificado el régimen jurídico de las aguas en términos tales que supone una verdadera expropiación que debe ser debidamente indemnizada”, señaló el académico en columna que le invitamos a leer en este enlace o a continuación.