Un detallado análisis del Nuevo Proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería hizo la profesora de Derecho Internacional Público de la Finis Terrae, María Angélica Benavides, en su exposición ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, que tramita la urgencia legislativa solicitada por el Ejecutivo.

La académica fue convocada el pasado 19 de junio a una de las sesiones que son parte de la ronda de audiencias de discusión parlamentaria sobre la iniciativa que comenzó con su primer trámite constitucional y reglamentario.

A inicios de abril, el Presidente Sebastián Piñera firmó el Nuevo Proyecto de Ley de Migración y Extranjería que fue remitido al parlamento, donde se establecen disposiciones administrativas para regular el ingreso de extranjeros en el país, basándose en los principios de garantizar una migración que, a su juicio, debe ser “segura, ordenada y regular”.

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la encargada de llevar la discusión, instancia parlamentaria que es presidida por la diputada Daniella Cicardini e integrada por los congresistas Bernardo Berger, Marcela Hernando, Andrés Longton, Karin Luck, Andrés Molina, Celso Morales, Andrea Parra, Catalina Pérez, Joanna Pérez, Raúl Saldívar, Renzo Trisotti y Pedro Velásquez.

En la sesión, María Angélica Benavides se refirió a la compatibilidad del proyecto con las normas internacionales que regulan los movimientos migratorios, es decir los tratados, concluyendo que la iniciativa no viola ninguna norma internacional y es coherente con cada obligación internacional contraída por el Estado de Chile.

“Dado el contenido normativo del proyecto, este se condice con cada una de las obligaciones internacionales que vinculan al Estado, no existiendo por tanto -desde el Derecho Internacional y en lo abstracto- una situación que exponga en un futuro a la situación jurídica de responsabilidad internacional”, comentó la experta de la Finis Terrae ante los parlamentarios presentes.

Según la profesora Benavides, se trata de un texto legal donde “el Estado se reserva un amplio margen de decisión, considerando los altos costos que la migración implica en áreas como vivienda, salud, educación, seguridad y todos conceptos que están incluídos en el proyecto de Ley”.

“Las normas del proyecto de Ley son coherente con las normas internacionales jurídicas vinculantes para Chile”, explicó la académica a los congresistas, es decir que respeta diversos tratados que regulan el tema, como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la Convención en contra de la delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito de migrantes; la Convención sobre el estatuto de los refugiados y la Convención de los Derechos del Niño, entre varios otros convenios.

A juicio de la académica de Derecho Internacional Público, el proyecto tiene además un marcado acento en los derechos y usa una nomenclatura acorde con las obligaciones internacionales, además de contar con cláusulas generales de reconocimiento de derechos. “El Artículo Nº3, por ejemplo, es importante porque el Estado se compromete a la promoción de los derechos que se le asignen a los extranjeros y los que tienen por Constitución, como también el Artículo Nº5, donde el Estado se obliga a una integración, aceptando las diferencias culturales”, planteó Benavides en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.