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Profesora Mª Luisa Baltra ofrece coloquio sobre medio ambiente a estudiantes de segundo año de Derecho

La académica explicó la importancia del derecho real de conservación ambiental, que promueve la participación de los privados en la conservación de la naturaleza.

Publicado: Noviembre 30, 2017

Gran interés entre estudiantes de segundo año de Derecho de la Universidad Finis Terrae despertó el coloquio que ofreció la académica María Luisa Baltra sobre sus investigaciones en materia de derecho ambiental. La experta es autora de diversas publicaciones especializadas en derecho minero y de aguas, además de hacer clases sobre régimen legal de los recursos naturales.

“Todo lo que hacemos impacta al medioambiente”, comenzó aclarando la docente, a propósito de las externalidades que producen las diversas actividades humanas, “pero hay ciertos límites: es decir hay impactos que están permitidos y otros que no, por lo tanto, el país ha tenido que desarrollar una regulación para saber qué hacer frente a los impactos que puedan afectar mucho más el entorno”.

“Dentro de las garantías constitucionales -explicó Baltra- el Artículo Nº19 establece el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero la verdad es que todo ambiente está contaminado, por lo tanto eso se vuelve ilógico e irreal. Pero como hay un deber del Estado para que ese derecho no se vea afectado, y hay que preservar la naturaleza, entonces se ponen ciertos límites”.

Es por eso que en nuestra legislación existe incluso un Recurso de Protección especial para temas de medioambiente y que se aplica “cuando el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación se ve afectado por algún acto u omisión ilegal, imputable a una persona o autoridad”.

La experta resaltó que Chile fue pionero en establecer normas medioambientales -en la década de los 80- si se lo compara con otros países sudamericanos, pero después se fue estancando en el tiempo. “El año 1994 se dictó la Ley Nº19.300 -la llamada Ley sobre Bases Generales del Medo Ambiente- que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente. La Conama tenía a su cargo fiscalizar que las normas fueran cumplidas y de evaluar qué proyectos podían impactar, y por lo tanto someterlos a un sistema de evaluación de impacto ambiental”, explicó la académica en su coloquio.

María Luisa Baltra comentó además la existencia de otro tipo de derecho que -vigente desde 2016 en Chile- promueve la participación del sector privado en la conservación ambiental. Se trata del “derecho real de conservación ambiental, un derecho que puede afectar a los predios superficiales y que nació en Estados Unidos con la llamada servidumbre de conservación -o conservation easement– en los años 60. Diputados chilenos tomaron ese ejemplo y lo quisieron aplicar en nuestro país”, explicó.

Presenciaron la ponencia de la profesora Baltra los estudiantes de la clase “Derecho de los Bienes”, impartida por la docente de la Facultad Lucía Rizik, quien destacó la importancia de la actividad considerando que “la temática expuesta por la profesora Baltra se enmarca en el reconocimiento y la comprensión de los derechos reales distintos al dominio, su régimen jurídico y la relación del derecho real de conservación medioambiental con el derecho de dominio”.

Asimismo, Rizik valoró especialmente el coloquio porque puso en perspectiva “el especial contenido ético de las instituciones medioambientales, en específico este derecho real que otorga herramientas a los particulares para promover y preservar el patrimonio medioambiental. Y en segundo lugar, permitió vincular el trabajo de investigación y extensión de la Facultad con las actividades de pregrado, manteniendo un contacto indispensable para el desarrollo de una universidad compleja”.

Sobre el desafío que plantean estos temas a los futuros abogados del país, la profesora Lucía Rizik cree que la protección del patrimonio medioambiental tiene un impacto directo en la calidad de vida de la gente, sobre todo en el contexto del actual proceso de calentamiento global. “El derecho es una herramienta indispensable para promover y preservar el medioambiente, pues mediante el establecimiento de derechos, garantías y acciones legales o constitucionales, podemos construir una estructura institucional eficiente, relevante y comprometida con los desafíos que plantea el cambio climático”, concluyó la académica.

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