A propósito de la conmemoración de los 10 años de la implementación de la política de gratuidad a los estudiantes de educación superior, la Universidad Finis Terrae quiso conocer la percepción de la gente sobre este tema, y en conjunto con Criteria, se realizó una encuesta que entregó como resultados la poca prioridad que tiene la educación para los ciudadanos.
Y es que si bien la gratuidad es una política altamente valorada, sólo un 13% de la población encuestada cree que la Educación es un tema prioritario para el país. Al preguntar por los temas preferentes a nivel país, seguridad y migración son los tópicos más mencionados por los encuestados, con un 59% y un 37% respectivamente. Después aparecen otros puntos claves y el tema educativo recién aparece en el séptimo puesto. Incluso, cuando se habla de este tema, más de la mitad de la personas (54%) cree que la educación escolar tiene que ser la principal urgencia para las políticas públicas, por sobre la educación superior (35%).
De hecho, hay un 61% de las personas encuestadas que cree que la educación gratuita debería ser solo para los que realmente lo necesitan, es decir, algo focalizado y no algo universal. Esto se complementa con que un 28% está muy de acuerdo en que la gratuidad ha hecho que algunas instituciones de educación superior enfrenten dificultades financieras, mientras que un 26% cree que ha empujado a las instituciones de educación superior a postergar inversiones en infraestructura y calidad.
“Preguntamos por las urgencias que tiene este país y la educación quedó en el séptimo puesto de nueve temas. Antes estaba primero. Hoy día por lejos el ámbito de seguridad se encuentra en primer lugar. Todo tiene que ver con seguridad, inmigración y temas económicos, y el resto pasa a segundo plano. No hay espacio para aquello. Incluso está después de mejorar las pensiones. Cuando se hace una reforma, la gente piensa que hay otras prioridades”, señaló Cristián Valdivieso, director de Asuntos Públicos de Criteria.
Por su parte, Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, explicó su visión respecto a las prioridades que tienen los chilenos respecto a la encuesta: “La valoración que se hace de la gratuidad no es impedimento para que la población considere que hoy en día existen otras prioridades en el país. La educación, de hecho, sólo constituye la séptima prioridad de los encuestados, mencionada por un 13% de ellos. Más aún, en el propio ámbito de la educación, el 62% de la población cree que la educación escolar o parvularia son más prioritarias que la educación superior. Lo anterior, en suma, demuestra que la mayoría del país espera que la política pública se enfoque en otros ámbitos, que ciertamente tienen mayor impacto social”.
Asimismo, el también exsubsecretario de Educación Superior, recalcó que uno de los puntos importante a considerar del sondeo debe estar en quiénes reciben el beneficio estatal.
“El futuro de la gratuidad debe proyectarse con foco social y responsabilidad fiscal, asegurando que llegue a quienes más lo requieren, sin perder legitimidad ciudadana. La mayoría encuestada (61%) cree que la gratuidad debe ser focalizada para las personas que lo necesitan, y no extenderse más allá”, argumentó el rector Vargas, dejando en claro el camino que debería tomar esta política pública.
Conversatorio
Tras la presentación de los resultados, se realizó un conversatorio para exponer sobre este tema. En dicha instancia, el exministro Secretario General de Gobierno y experto en educación, José Joaquín Brunner, comentó sobre las repercusiones que ha tenido la gratuidad en nuestro país: “Hicimos algo excepcional. No hay otro país en el mundo que tenga un sistema mixto de financiamiento que haya extendido la gratuidad universal al conjunto de las instituciones. Si uno quiere decirlo de una manera provocativa, la gratuidad vino realmente a consolidar y enraizar un sistema mixto con participación fuerte en los mercados en el año 2016 y después cuando esto se tradujo en la ley del año 2018. Para mí era el camino a seguir”.
En la misma línea, Alejandra Contreras, ex jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación y quien desempeñó un rol clave en la implementación de la política de gratuidad, sostuvo que “la gratuidad no vino a generar un aumento de matrículas en la educación superior, si no que hubo una transferencia de recursos desde la familia a lo público, pero también por una decisión de un cambio de modelo respecto del Estado. Esto está involucrado en una lógica política de un estado subsidiario que se ha estado tratando de impulsar a un estado de derechos sociales (…) Decir que no ha habido un impacto para el país, yo tengo una mirada distinta, creo que mejora la calidad de vida de las familias que no tienen que destinar esos recursos a la educación superior”.
En contraparte, Loreto Cox, profesora de la Escuela de Gobierno UC, se mostró muy crítica por la cantidad de recursos fiscales destinados a la educación superior: “La gratuidad es una especie de hoyo negro, que se traga todo los recursos de educación superior, impidiendo un mayor crecimiento del sistema, y esto para un sistema que no está mejorando la composición, no está contribuyendo al acceso. Hay muchos casos en el mundo de países que han reducido la gratuidad, y yo creo que es hacia allá donde hay que apuntar”.
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