En el undécimo Encuentro Académico de Derecho de la Universidad Finis Terrae, la académica experta en derecho minero y ambiental, María Luisa Baltra, expuso los avances de su investigación sobre los alcances del recientemente promulgado derecho real de conservación ambiental, cita que contó con la presencia del abogado Hipólito Zañartu, nuevo decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Gabriela Mistral.

Baltra se ha dedicado a estudiar la relación entre los predios superficiales y los yacimientos mineros, a propósito del conflicto por dualidad de propiedad que se produce. En junio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.930 que creó el derecho real de conservación ambiental, cuyo objetivo es facilitar y promover la participación del sector privado en la conservación ambiental y así complementar lo que ya hace al respecto el sector público.

La Ley Orgánica Constitucional  sobre Concesiones Mineras es la que tiene el mandato de regular los lugares de explotación, porque “no es llegar e ingresar a cualquier predio a ejercer la actividad minera, hay que pedir permiso y esos permisos deben ser por escrito. Y a todo ese sistema de permisos alude la ley orgánica”, comentó la docente.

“Pero como el dueño de predio no siempre quiere dar permiso  -explicó María Luisa Baltra- van directamente por la vía de la servidumbre (minera) y se da un permiso tácito por parte del tribunal y por lo tanto ahí no se están cumpliendo las normas constitucionales de la ley orgánica”. La constitución de servidumbres mineras tiene por objeto otorgar al concesionario de exploración o explotación un título jurídico que lo habilite para acceder al predio superficial.

La profesora de la Finis Terrae sostuvo que las servidumbres mineras no necesariamente son obligatorias. “Los mineros creen que por el solo hecho de estar en la ley, deben otorgarles la servidumbre minera, siendo que primero hay que evaluar si es factible, si es necesario, cual es la condición del predio superficial, si se podría evitar pasar por ahí cuando es de tránsito, etcétera”, planteó Baltra.

La experta agregó que el derecho real de conservación ambiental, al ser nuevo, hay mucha gente que no lo conoce, incluso los mismos jueces. “Este derecho puede ser un gran problema, porque lo que se busca con él es limitar los atributos del dominio respecto del predio, en favor de una actividad. Por ejemplo: si se indica que la actividad será solamente ganadera, automáticamente no se pueden hacer actividades mineras en ese lugar; o si se dice que se preservará un humedal presente en el predio, entonces tampoco se podrá hacer minería ahí”.

María Luisa Baltra concluyó que objetivamente no se pueden ejercer derechos mineros en todos los territorios, a pesar de que se tengan las concesiones, porque todo dependerá de cuál es la situación del predio superficial, “aun cuando tengamos la mejor veta o el mejor yacimiento de oro, plata o cobre”.

“Pensando en la normativa que hoy existe y en los nuevos derechos ambientales que están apareciendo -como este derecho real de conservación ambiental- objetivamente se está reduciendo la posibilidad de que se pueda ejercer la actividad minera. Porque una cosa es tener las concesiones y otra es ejercer los derechos respecto de ella”, finalizó la académica, advirtiendo que “esta ley aparece más como una de esas típicas leyes populistas y no una ley que realmente pueda resolver los problemas”.

Por su parte, el profesor invitado, Hipólito Zañartu, comentó que “no termino de entender la nueva ley que crea el derecho real de conservación ambiental, es más: tiendo a pensar que esto es lo mismo que una servidumbre, pero mal hecha”. Agregó que “un buen desarrollo del artículo Nº 880 del Código Civil podría haber llevado a algo más firme que esto. Pero en este país se le quiere poner derecho real a todo cuando existen temas de propiedad”.

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