“Resulta inexplicable que los tribunales superiores de justicia hayan rechazado conocer de un recurso de protección interpuesto por algunos creadores de contenido digital en contra del decreto que crea una «Comisión Contra la Desinformación» —es decir, un organismo estatal—, cuya función sería «asesorar» a los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, frente al llamado fenómeno de la «desinformación»”, señaló el académico en columna que puede leer íntegramente en este enlace.
