“Ninguna constitución, ni siquiera la actual, puede protegernos de malas políticas del gobierno o, como sucede en este caso, de desastrosas decisiones del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que destruyan los sistemas privados de seguridad social y nos envíen, de facto, a un sistema de monopolio estatal en la prestación de importantes servicios sociales”, señaló el académico en su columna que pueden leer acá.