“A pesar de lo doloroso que pueda resultar un tema como éste, la necesidad de abordarlo se hace cada vez más insoslayable. Naturalmente ningún empresario inicia una actividad económica para que no resulte, pero sin embargo la posibilidad de que esto suceda existe y es aún más latente en los tiempos actuales”, señaló al inicio de su conferencia el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y Coordinador de la Clínica Pyme, Cristián Palacios, quien además asesoró al Ministerio de Economía precisamente en la creación de la actual Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas.

En la ocasión, el académico expuso una serie de señales a las que deben estar atentos quienes poseen un negocio, ya que resultan ser indicios de una situación de futura insolvencia. Entre ellas están la drástica disminución de ingresos en comparación con el semestre previo, la destinación de recursos propios al financiamiento de la empresa (por ejemplo, uso de ahorros, tarjeta y líneas de crédito personales), el posponer los gastos de naturaleza laboral como sueldos y cotizaciones previsionales, o el tener que recurrir a bienes del mismo empresario para garantizar créditos a nombre de la empresa. Préstamos que de otra manera serían negados por las instituciones financieras debido a la situación económica de la compañía, situación en que los emprendedores no sólo arriesgan el futuro de sus negocios sino que su propio patrimonio.

Aunque estas señales podrían parecer obvias, no siempre lo son para los emprendedores debido a un fenómeno psicológico conocido como “ensañamiento empresarial” explicó el profesor Palacios, el cual consiste en obcecarse en sacar adelante el emprendimiento a cualquier costo. “Las razones de ese ensañamiento pueden ser muy diversas: esa actividad nos resulta muy atractiva y le hemos destinado años, es lo mejor que sabemos hacer y le hemos tomado cariño a nuestra empresa, la que es nuestro motor de vida y por lo tanto no queremos por ningún motivo reconocer que se ha transformado en un negocio inviable, e insistimos en una permanente inyección de dinero que solo conduce a un empobrecimiento personal”, señaló el académico y Máster en Legislación Comercial Internacional por la Universidad de California.

En su exposición, el profesor Palacios además abordó las consecuencias del “cierre informal de una empresa”, es decir simplemente dejar de operar sin realizar ningún tipo de trámite legal al respecto. Un cierre de facto que resulta más frecuente de lo que uno se podría imaginar y que conlleva una serie de riesgos importantes, explicó, tales como el aumento progresivo de los impuestos adeudados –“lo cual va generando un pasivo que de alguna forma se va a cobrar”–, la posibilidad de vivir un proceso de cobranza judicial, que en el caso de que la empresa no posea bienes importantes puede parecer inocua pero que en realidad no lo es, debido a que “como sucede en el más del 90% de los casos que recibimos en la clínica se trata de empresas vinculadas a la banca. Y sus dueños son avales o codeudores de esa deuda”, explicó el académico.

Debido a ello, el emprendedor tendrá al receptor judicial en su casa y le embargarán su cuenta corriente personal y bienes muebles. “Un proceso que si no lo paramos a tiempo puede tener consecuencias desastrosas”, señaló el académico. Por otra parte los cierres informales de este tipo generan problemas con los clientes, posibles amenazas de acreedores y trabajadores, además de provocar importantes trabas para futuros emprendimientos, ya que “estamos matando nuestro propio rut y el de la compañía, y nos vamos a convertir en personas que no son sujetos de crédito”.

Es por ello que la recomendación del profesor Palacios para aquellos emprendedores cuyos negocios deban enfrentar un proceso de este tipo es “declarar voluntariamente la insolvencia de la empresa a través de un procedimiento concursal de liquidación”. Un cierre ordenado de la empresa que evitaría los problemas anteriormente señalados y que no requiere una documentación excesiva, presentando una serie de ventajas: fija o delimita las deudas a la fecha de la resolución de liquidación, concentra todas las posibles demandas futuras –a excepción de las laborales– en un único procedimiento judicial, y una vez que el proceso termina y la resolución judicial se encuentra ejecutoriada “se declara la extinción absoluta de todas la deudas que tenía la compañía en ese momento y que no alcanzaron a pagarse con los bienes rematados”.

Finalmente el académico advirtió que no se puede recurrir a este procedimiento al tener una contabilidad imperfecta y que no es recomendable hacerlo de existir cheques a fecha a la hora de iniciar el proceso de insolvencia, ya que arriesgaríamos la apertura de procedimientos penales. Por otra parte el académico recomendó que antes de tomar una decisión como la quiebra de la empresa, se debe analizar cómo esta puede afectar al patrimonio de sus socios, “es decir, de ser aval (de las deudas de la empresa), uno y sus bienes pueden verse afectados”.

Pueden ver la charla completa en este enlace.