Invitados por la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la Convención Constitucional, organismo que tiene entre sus misiones definir una propuesta para la organización del Estado y el régimen político en una eventual nueva Constitución, los docentes constitucionalistas de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Macarena Diez y Enrique Navarro, expusieron en torno al poder que concentra la figura presidencial en la Constitución vigente.

La intervención conjunta partió con la exposición de la profesora Macarena Diez, quien junto con explicar el origen, el sentido y algunos de los efectos y deficiencias del actual “régimen presidencialista vigorizado” que nos rige, propuso en atención a nuestra tradición constitucional “mantener el régimen presidencial, donde sea el pueblo quien elija a su representante, pero que este sea moderado e incorpore algunas de las instituciones del régimen semi-presidencial e incluso del parlamentarismo”. Un cambio que debiese tener como objetivos, explicó la académica, “desconcentrar y generar equilibrio entre los poderes del Estado, así como también vigorizar el régimen a una democracia participativa del pueblo” en pos de otorgarle una mayor legitimidad y resiliencia al sistema político.

La profesora Diez resumió lo que a su juicio son los pilares para implementar dicho cambio: disminuir algunas de las atribuciones del Presidente de la República y entregar mayores potestades al parlamento, a la ciudadanía, a los gobiernos regionales y locales. Crear una Vicepresidencia que considere los criterios de paridad y equidad territorial. Establecer mecanismos de participación popular a través de instituciones de democracia semi-directa, como las iniciativas populares de ley, referéndum de ley, entre otras, además de ampliar las atribuciones del Congreso Nacional, para lo cual la responsabilidad política que actualmente posee el Presidente de la República debiese extenderse a los parlamentarios, lo que tendría que ir acompañado de un aumento en los mecanismos de control y fiscalización para ambas autoridades, señaló la académica, quien durante su ponencia ejemplificó todo lo anterior a través de un análisis de Constituciones a nivel comparado.

Por su parte, el profesor y director de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Enrique Navarro, resumió la evolución que el control del gasto público ha tenido en la tradición constitucionalista chilena desde 1822 y el proceso que a lo largo del siglo XX llevó a que la iniciativa exclusiva en esas materias se radicase en el Presidente de la República. Ello, con el fin de evitar “la extrema generosidad en materia de gastos por parte de los parlamentarios”, explicó en su intervención el docente.

“​Las normas constitucionales sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias legislativas guardan estrecha relación con la forma como nuestra Carta Fundamental ha consagrado el régimen presidencial de Gobierno. Este punto adquiere particular relevancia tratándose de la Ley de Presupuestos, que contiene una estimación de los ingresos y gastos del sector público en un año determinado. La historia política y constitucional del país demuestra la importancia que tiene la discusión parlamentaria de esa ley al entrar en juego las atribuciones de ambos poderes colegisladores”, concluyó.

Finalmente, hubo una ronda de preguntas por parte de los convencionales constituyentes a los académicos, sobre la aplicación de las propuestas al caso chileno. Le invitamos a ver las exposiciones de ambos docentes en este enlace, desde la hora y cinco minutos de sesión.