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El 97% de las personas que recurre a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ha logrado renegociar sus deudas
La cifra, correspondiente a 2023, fue dada a conocer este martes durante la cuenta pública que llevó a cabo el superintendente, Hugo Sánchez, en el Teatro Finis Terrae.
De cada 100 personas que acudieron a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en 2023 para renegociar sus deudas, 97 lograron un positivo acuerdo con sus acreedores, indicó el superintendente, Hugo Sánchez, durante la cuenta pública que dicho organismo llevó a cabo este martes en el teatro de la Universidad Finis Terrae, actividad organizada en conjunto por las facultades de Derecho y de Economía y Negocios de nuestra Universidad.
Para el académico e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Finis Terrae, Óscar Guevara, este indicador “habla muy bien del procedimiento y de la eficiencia”. El docente además destaca el hecho de que en 2023 se haya registrado un 97% de renegociación mediante acuerdos exitosos en personas deudoras lo que, señala, “pone a Chile a la altura de las regulaciones más eficientes en el mundo”. En cambio, en relación al uso de dicho procedimiento en empresas, especialmente en micro y pequeñas empresas (Mypes), las cifras no son tan positivas, explicó el facultativo, apuntando a la necesidad de incentivar el uso de dicho procedimiento que trae consigo la Ley 20.720, cuya modificación fue puesta en marcha en agosto de 2023. “Yo creo que debería incentivarse aún más su uso pues las cifras no son muy auspiciosas en ese sentido, porque en 2023 se presentaron en el caso de las empresas solo 49 reorganizaciones, versus un total de 1.099 casos de liquidación. Las cifras muestran que cuando las empresas y las personas acceden a esos procesos de reorganización, los casos parecen ser muy exitosos”, agregó.
En relación a la renegociación en personas naturales, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, destacó que el indicador “es una cifra muy alta que nosotros hemos cuidado mucho. Cuando llegué a la superintendencia, en diciembre de 2016, bordeaba el 80%, y logramos que creciera, justamente, cuidando los acuerdos y la formalidad de cada etapa. También se equipara la falta de poder que tiene el deudor cuando enfrenta solo a los acreedores, con quienes mantenemos una muy buena relación”.
Respecto de la brecha que existe entre las empresas que optan por la reorganización y aquellas que pasan directo a la liquidación, el superintendente señaló que “en general las empresas se reorganizan mucho más extrajudicialmente, es decir, fuera de los procedimientos concursales, con asesores financieros, logrando reestructurar la deuda, lo que es bueno. Pero gran parte de las empresas que se liquidan son Mypes, las que no han tenido ningún tipo de asesoría, principalmente por falta de educación financiera”.
Hugo Sánchez destaca que este punto es clave para revertir esta brecha y así lograr que las Mypes opten por el camino de la reorganización evitando la liquidación. “Nos toca hacer una educación financiera más extensiva, más profunda y así llegar a una mayor cantidad de potenciales deudores, focalizados en distintos segmentos. El fuerte hoy es poder explicarles la nueva Ley 20.720”.
Para el director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión, Harald Schimunek, “es fundamental la educación financiera. Es un tema que nosotros, a nivel de Facultad de Economía y Negocios, venimos desarrollando con programas específicos. Con esta cuenta podemos ver que los organismos públicos no están aislados y se preocupan, al igual que nosotros, de enseñar para que tanto empresas como público en general, tengan un conocimiento adecuado respecto de las alternativas que hay para enfrentar un problema financiero”.
En tanto, para el director de la Escuela de Derecho de la U. Finis Terrae, Marco Antonio Navarro, “la reorganización supone muchas variables y una de esas es, precisamente, conocer cómo funciona este procedimiento. En la medida que se vaya conociendo más, será cada vez más utilizado. Tampoco podemos decir que sea una especie de fracaso. Que no se use, da cuenta de que las personas también usan medios alternativos para resolver su sobreendeudamiento. Lo importante es que se conozca y que esté disponible para su uso”.
Por su parte, la decana de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Finis Terrae, doctora Jaqueline Gómez, destacó el trabajo conjunto realizado por nuestra casa de estudios con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a través de la Clínica Pyme, instancia de asesoría gratuita a emprendedores desarrollada por las escuelas de Derecho y Auditoría y Control de Gestión de nuestra Universidad.
“Dentro de los núcleos que tenemos en el desarrollo del aprendizaje de la economía, la educación financiera es un eje principal. La Clínica Pyme justamente vincula los temas de insolvencia y reemprendimiento con el mercado. Para nosotros es muy importante tener estas instancias porque nos acercan al trabajo de la superintendencia y le dan a nuestros estudiantes casos de estudios para abordar desde el conocimiento de las finanzas”, señaló.
En la misma línea, el decano de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, doctor Ignacio Covarrubias, destacó la visión que ha tenido la superintendencia “para advertir que los cambios sustentables en el tiempo se dan en los hábitos de las personas, dando cuenta con ello de una perspectiva integral de afrontar los problemas que no se agota en lo meramente regulatorio, en los incentivos o en las señales”. Asimismo, subrayó el rol proactivo que ha tenido el Consejo de la Sociedad Civil de ese organismo, instancia de la cual la Clínica Pyme de la U. Finis Terrae forma parte, señalando que sus “iniciativas y propuestas han contribuido a crear un ambiente de trabajo colaborativo, lo cual es, además, una muestra de la indispensable contribución de la sociedad civil en la solución de problemas públicos”.