Por su parte, el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, Gustavo Balmaceda, explicó que luego de su desafuero “la diputada podría quedar sujeta a medidas cautelares según la gravedad del caso y los criterios establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Estas medidas podrían incluir arraigo nacional, firma mensual o, en casos de mayor gravedad, prisión preventiva”.
Le invitamos a leer el reportaje, que también fue publicado en El Mercurio de Calama, a continuación.