El rector de la Universidad Finis Terrae, reflexionó a través de una Carta al Director sobre el rol de la Superintendencia de Educación Superior y los alcances de sus facultades fiscalizadoras en el marco de la Ley 21.091.
La Superintendencia de Educación Superior realizó una solicitud de información que exige la rendición de cuentas de los recursos asociados a la gratuidad, la cual incluye el detalle de remuneraciones individualizadas de trabajadores de instituciones de educación superior, incluso con RUT. Según la interpretación de la Superintendencia, dicha exigencia no sería incompatible con la ley de protección de datos personales.
Por lo mismo, Juan Eduardo Vargas, Rector de la Universidad Finis Terrae, a través de una carta publicada en El Mercurio, se refirió a esta misiva. En su análisis, cuestionó la pertinencia de este nivel de detalle, señalando que cuesta entender qué podría considerarse una “inconsistencia”: «¿un sueldo demasiado alto, diferencias entre cargos similares en distintas instituciones o una gran dispersión de rentas dentro de una misma casa de estudios?».
«No solo resulta excesivo que la Superintendencia exija ese nivel de detalle en la información que solicita, sino que ello parece incluso atentar contra la autonomía de las instituciones, garantizada por la ley», advirtió el rector.
Finalmente, subrayó que, para cumplir con el objetivo de asegurar que los recursos de la gratuidad se destinen a los fines propios de las instituciones, bastaría con solicitar el monto total de las remuneraciones de académicos y funcionarios.
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