“Hace una semana, el Gobierno ingresó el esperado proyecto de ley corta de isapres, con el que busca dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, que obliga a las aseguradoras a aplicar una tabla única de factores para calcular el precio de los planes de todos su afiliados y devolver posibles cobros en exceso que se hayan podido producir desde abril de 2020”, informa hoy El Mercurio en la portada del Cuerpo C.En un extenso reportaje publicado a plana completa, académicos del área del Derecho Administrativo fueron consultados sobre la polémica jurídica y política surgida en torno al fallo de la Corte Suprema, dictado el 30 de noviembre del 2022, que obliga a las Isapres a devolver los “cobros excesivos” a sus afiliados y adecuar sus planes de salud.Los académicos coincidieron en señalar que “sorprende” que la sentencia de la Corte Suprema dé una orden al legislador, pero acordaron en que ello responde a la inacción del “sistema político”.Consultado sobre la materia, el profesor y Director de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, además de ex ministro del Tribunal Constitucional (TC), Enrique Navarro Beltrán, disintió de quienes han acusado de “activismo judicial” a los ministros del máximo tribunal por esta sentencia, señalando que a su juicio la Corte Suprema no ha intervenido en políticas públicas, sino que su fallo “analiza el accionar de las isapres y de qué modo se infringen los derechos fundamentales, en especial, la igualdad ante la ley y la prohibición de establecer diferencias arbitrarias”.
Asimismo el académico recordó que el TC declaró la inconstitucionalidad de la tabla de factores hace ya trece años, señalando que ello apunta a que “el gran responsable” de la actual situación ha sido “el legislador que no ha dictado la respectiva normativa desde el año 2010”.
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