Entre los principales problemas a abordar, el académico destacó “la insuficiencia de recursos policiales, con un despliegue limitado en el campo, lo que genera tiempos de respuesta inadecuados ante emergencias” y el hecho de que “la legislación impone sanciones más leves en áreas clasificadas como ‘no habitadas’, lo que incentiva la actividad delictiva en estos sectores”.