Con un análisis comparativo entre la institucionalidad ambiental de Chile y Perú, en el que ambos académicos contrastaron cómo cada país aborda la gestión y protección del medio ambiente a través de un examen de las estructuras políticas y las prácticas y enfoques de ambos países a la hora de enfrentar los desafíos ambientales, el ex director del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, Sergio Montenegro, y la profesora de la U. Privada del Norte (Perú), doctora Silvia Ordóñez, expusieron en una nueva actividad de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, como parte del Mes de la Sostenibilidad organizado por nuestra casa de estudios.

En la instancia, el profesor Montenegro explicó el modelo ministerial de gestión ambiental chileno y abordó las críticas que desde el mundo académico y empresarial se han realizado a su funcionamiento, particularmente en relación a lo que se ha catalogado como una excesiva permisología y las “incertezas que se producen cuando los proyectos de evaluación deben enfrentar demasiados trámites y largas esperas” producto de “la multiplicidad de organismos que intervienen con los famosos permisos ambientales”.

“La autoridad está consciente que todos estos temas están siendo un problema para avanzar mejor en la gestión ambiental del país. Hay iniciativas para modificar derechamente la ley de base del medioambiente y el reglamento de evaluación de impacto ambiental, esas son tareas pendientes. Yo creo que si logramos avanzar en eso, vamos a mejorar bastante la gestión. Lo otro es la fiscalización, hay organismos públicos que tienen serias limitaciones para una buena fiscalización. Y por último, el tema de la participación ciudadana, ya que no tenemos una participación ciudadana que tenga efecto jurídico, lo que se llama efecto vinculante. A la comunidad se le consulta, pero lo que opine no necesariamente es recogido por la autoridad, es una mera declaración de intenciones. Eso también es algo que habría que mejorar”, señaló el académico.

Por su parte, la profesora Ordóñez coincidió en la importancia de potenciar la participación ciudadana en estos temas a través de la educación y señaló que uno de los principales desafíos que enfrenta la institucionalidad medioambiental peruana es avanzar en una mayor solidez y aumentar sus ámbitos de acción. Asimismo, explicó que uno de los principales problemas que enfrenta la institucionalidad peruana es “el tema de la corrupción a nivel de Perú, eso de alguna forma también influye en este mejor control y mejor institucionalidad ambiental”.

Asimismo, la académica destacó como un importante avance el desarrollo de un acuerdo nacional en esta materia, “documento de trabajo por el cual el Estado, las empresas privadas y la sociedad civil han trabajado ciertas líneas en las cuales se comprometen a adoptar medidas para lograr el desarrollo sostenible”.

Finalmente, el moderador de la actividad y profesor de nuestra Facultad, Ítalo Montes, destacó que las exposiciones “revelaron importantes diferencias en las políticas ambientales de Perú y Chile, destacando la judicatura especializada de los Tribunales Ambientales y la robusta legislación chilena frente a la necesidad de fortalecer las instituciones en Perú”, lo que a su juicio permitió “examinar las brechas de ambos países en miras a cumplir con los diversos compromisos internacionales que han suscrito sobre la materia”.