“Entre septiembre de 2022 y junio de 2023 el Ministerio de Justicia y DD.HH. convocó una comisión de expertos conformada por 15 docentes de distintas Universidades, expertos en derecho procesal, derecho de familia e infancia que estuvo encargada de proponer modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia, con el mandato de abarcar temas como el procedimiento especial de medidas de protección de los derechos de los niños, derechos de los niños a ser oídos en los procedimientos ante los tribunales de familia, prueba pericial ante dichos tribunales, derogación de la ley de menores y control judicial de la litigación”, explicó la profesora de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae y organizadora de la conferencia, Simona Canepa Aravena, a modo introductorio de la actividad. “El proyecto de ley que analizaremos reconoce que gran parte de las recomendaciones de los expertos fueron recogidas en esta iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional”, señaló la docente, antes de dar inicio a las ponencias.

En su exposición que dio inicio a la actividad, la Directora del Centro UC de la Familia y profesora de la Facultad de Derecho de esa universidad, Carolina Salinas Suárez, señaló que la temática es de la “mayor relevancia por la multitud de modificaciones que se están planteando a distintos cuerpos legales (…) Este es un muy buen proyecto, pero todavía creemos que está muy lejos de poder implementarse cabalmente conforme a la intención del legislador, fundamentalmente porque no solamente las adecuaciones debían ser legales y procedimentales, sino que también hay muchas adecuaciones de orden reglamentario y desde luego, también, adecuaciones en el ámbito de las redes que colaboran con los tribunales”.  

En su ponencia, la académica abordó la implementación de la Ley 21.430, analizando detenidamente las modificaciones que este proyecto legislativo introduce a diversos artículos de la Ley de Tribunales de Familia con el fin de instaurar el derecho de los niños a ser oídos y asegurar “la plena participación del niño, niña o adolescente en el proceso judicial”, los cambios a las reglas generales del procedimiento que plantea al establecer que “todo niño tendrá derecho a contar con asistencia jurídica especializada, gratuita e independiente cuando tenga un interés incompatible con los de la parte a quien corresponda legalmente su representación” estableciendo, señaló la académica, “la facultad del menor de edad de solicitar al tribunal el reemplazo del abogado que lo representa”. Asimismo, la profesora Salinas analizó la derogación de la actual Ley de Menores y el traslado de normas a través de la incorporación y modificación de artículos del Código Civil relacionados a algunas temáticas abordadas por el proyecto.

Por su parte, la profesora y Coordinadora de la Clínica Jurídica Civil-Familia de la U. Finis Terrae, Militza Glasinovic Gómez, centró su ponencia en los cambios que este proyecto de ley introduce en materia de medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes que son vulnerados en sus derechos, tanto desde una perspectiva académica como práctica, en su calidad de abogada litigante en estas materias.

“El objetivo de la Ley de Garantías de la Niñez es superar la sobre judicialización existente. Se ha planteado por los expertos que participaron en la generación de este proyecto, que hay muchos casos que no son de tanta intensidad como para que sea un juez de la República el que tenga que resolver ese tema, sino que en casos, por ejemplo, de amenaza de vulneración, donde hay un peligro pero no hay aún una vulneración, se estima que hay ciertas medidas que están sobrecargando los tribunales de familia. Y para ello se crean entonces nuevas medidas de protección que buscan evitar esta sobre judicialización mediante la creación de un sistema de protección administrativa a cargo de las Oficinas Locales de la Niñez”, señaló la docente, para luego explicar detalladamente cómo funcionará este nuevo mecanismo instaurado por el proyecto de ley analizado y sus diferencias con las actuales Oficinas de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes dependientes de los municipios.

“Llama mucho la atención que respecto a la protección de derechos esta podrá ser administrativa o judicial, para descomprimir el sistema”, planteó la docente, antes de explicar que estas medidas administrativas “podrán ser medidas de protección administrativa universales, que es como se le designa a aquellas medidas que se plantean frente a la detección de un riesgo de vulneración, o podrán ser especializadas, las que se aplicarán cuando haya una vulneración propiamente tal (….) y que ante su incumplimiento, la Oficina Local de la Niñez tendrá que derivar los antecedentes al tribunal de familia. Y será el juez el que va a generar los apremios a la parte incumplidora con respecto a las medidas de protección de carácter administrativo”, explicó la profesora Glasinovic, antes de abordar en detalle el tratamiento que el proyecto de ley hace de las medidas cautelares respecto de niños, niñas y adolescentes, para luego dar paso a las preguntas de los asistentes.

Esta actividad se realizó en el marco de Derecho en la Academia, programa de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae que busca enriquecer la reflexión y el diálogo disciplinar, así como fortalecer los vínculos de la Facultad con instituciones públicas y privadas y miembros del mundo académico nacional e internacional.