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Joven investigadora del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho, Francisca Ávila, obtuvo primer lugar en Congreso Mundial de Personas Mayores
El artículo de investigación “Personas Mayores con demencia en recintos penitenciarios del Gran Santiago-Chile” tuvo a Francisca Ávila como investigadora principal, y a la directora del Laboratorio de Investigación Avanzada de nuestra Facultad, Dra. Ángela Arenas, y el neurólogo y académico de la U. de Chile, doctor Patricio Fuentes, como coinvestigadores.
Realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y organizado por la International Guardianship Network (IGN), entidad que reúne a organizaciones públicas y privadas de todo el mundo que trabajan temas de adultos mayores, el Sexto Congreso Mundial de Apoyos y Cuidados de Personas Adultas y Mayores reunió a 212 investigadores de una cincuentena de países de los cinco continentes, en torno a diversos ejes temáticos relacionados a la realidad que viven los adultos mayores en el contexto planetario de envejecimiento de la población.
En la instancia, el trabajo interdisciplinar desarrollado por la joven investigadora, cientista social y especialista en políticas públicas, Francisca Ávila, en conjunto con la abogada, doctora en bioética y directora del Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho de la Universidad Finis Terrae, además de directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Ángela Arenas, y el neurólogo y especialista en geriatría y gerontología y académico de la U. de Chile, doctor Patricio Fuentes, resultó elegido por el comité científico del congreso como el mejor artículo presentado en la categoría de investigadores jóvenes, dejando en segundo y tercer lugar respectivamente a los trabajos de los equipos de investigadores de Corea del Sur y EE.UU.
Durante la premiación, los organizadores destacaron que la investigación era un trabajo innovador que estudia la realidad de un grupo de personas mayores especialmente vulnerables e invisibilizadas, por encontrarse cumpliendo condena en recintos penitenciarios.
“Esto es un tremendo reconocimiento a la Universidad Finis Terrae y a los profesionales que trabajamos en conjunto en el Laboratorio, ya que durante la premiación se destacó mucho la interdisciplinariedad del grupo de investigadores”, señaló luego del reconocimiento, Francisca Ávila. “Es un reconocimiento también muy importante para el trabajo que desarrolla el Laboratorio, ya que el artículo se enmarca en el proceso de colaboración internacional que fue adjudicado por la Vicerrectoría de Investigación, Creación Artística e Innovación de nuestra Universidad, lo que demuestra que como Laboratorio y Universidad estamos siendo pioneros en un tema innovador e invisibilizado de interés a nivel mundial”, agregó.
“Esto entrega una validación internacional a nuestro proyecto y equipo”, señaló a su vez la directora del laboratorio y coautora del trabajo presentado en el congreso, Dra. Ángela Arenas, quien como ponente expuso en dicho congreso otros resultados de la investigación. “Este reconocimiento nos llena de orgullo además, porque nos permite resaltar el potencial como investigadora joven en materia de personas mayores de Francisca”, agregó.
El trabajo se enmarca en las investigaciones desarrolladas por el Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho de la Universidad Finis Terrae, en torno a la caracterización de personas mayores de 65 años con demencia en las cárceles de Santiago. Un trabajo realizado con la colaboración de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que además incluyó el análisis con el uso de Inteligencia Artificial de causas de adultos mayores derivadas por la Defensoría Penal Pública a través del convenio que une a dicha institución con nuestra Facultad. Un trabajo que tributa a la macro área de desarrollo académico “salud y bienestar”, definida por nuestro proyecto universitario y la Facultad de Derecho en el desarrollo de sus políticas de vinculación con el medio e investigación.
En él, el equipo liderado por la Dra. Ángela Arenas visitó 8 de los 10 recintos penitenciarios del Gran Santiago y entrevistó a 356 reclusos adultos mayores, cifra que corresponde a un 43,15% de todos los reclusos de ese grupo etario en dichos recintos, descubriendo que cerca de un 9% de ellos presentan deterioro cognitivo mayor. Todo con el objetivo de “saber si se habían cumplido o no los estándares de derechos humanos”, explica la Dra. Arenas. Ello, debido a que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, en el caso de que las personas encarceladas tengan alguna enfermedad o patología que sea incompatible con su estadía en la cárcel, estas deberían poder acceder a medidas alternativas en el cumplimiento de su pena, como ser internados en un hospital o acceder a la reclusión domiciliaria.
Aunque la Dra. Arenas aclara que los resultados finales de la investigación están en proceso de ser plasmados en diversos trabajos investigativos como el premiado, los datos pueden hacernos pensar que las condiciones carcelarias o el encarcelamiento podrían ser factores que gatillan la demencia o deterioro cognitivo.
“A veces nos encontramos con personas mayores de 65 años con irreprochable conducta anterior, que cometen algunos tipos de delitos que nos hace sospechar que ello podría eventualmente ser efecto del inicio de una demencia no diagnosticada. Y en esos casos, a veces no se hace un examen durante su juicio, ni el juez ni los abogados intervinientes solicitan estos estudios”, explica la académica.
“Esta investigación fue premiada por lo novedosa y por su rigurosidad científica. Hay muy poca información de las personas mayores en la cárcel a nivel mundial”, señala la docente. “La importancia de conocer cuánta de esa población carcelaria vive con demencia, y de los datos de esta investigación, es que les sirvan de insumo a los tomadores de decisiones para que se pueda capacitar a Gendarmería en el trato de las personas mayores en estas condiciones, y que el Ministerio de Justicia y el Poder Legislativo impulsen políticas públicas que puedan generar medidas alternativas para que cumplan sus condenas, o generar programas dentro de las cárceles para que puedan vivir con una mejor calidad de vida”, concluyó la Dra. Arenas.