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Alcances del proyecto de ley que repone el voto obligatorio

   En una reciente entrevista, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, justificó su apoyo a la idea de reponer el voto obligatorio del siguiente modo: “Estamos hablando de una obligación que es mínima con respecto a las contraprestaciones que el Estado otorga a los ciudadanos”. Estando de acuerdo en la conclusión —reponer el voto obligatorio-, no puedo sino discrepar de la premisa.

La razón por la cual los ciudadanos tenemos una obligación moral de sufragar no nace del hecho de que el Estado brinde servicios públicos (ni su legitimidad, en cuanto poder público, se asienta en ello). En realidad, el motivo por el cual es posible hablar de una obligación propiamente tal, es porque vivimos en comunidad. Dicho de otra manera: la obligación es para con la comunidad, no para con el Estado. Confundir la comunidad con el Estado se ha vuelto muy habitual. Es una confusión similar a la que existe cuando se equipara lo público con lo estatal. A esta confusión subyace un error fundamental. Este error consiste en pensar que la consecución del bien común le corresponde primera y principalmente al Estado. Esto no es cierto.

No cabe duda de que el Estado juega un rol muy relevante en miras a alcanzar el bien común, que se manifiesta (o debe manifestarse), por ejemplo, en sus potestades de distribución a fin de asegurar condiciones materiales mínimas para todos los ciudadanos. Pero este rol es siempre de carácter colaborativo: su rol fundamental es, en efecto, colaborar para que los ciudadanos asuman sus propias responsabilidades sociales. Entre las responsabilidades sociales que los ciudadanos deben asumir se encuentra la de aportar al bien común.

El vínculo social es un vínculo potente, que implica no solo la conciencia de que el bien de la comunidad depende de nosotros, de cada uno de nosotros, sino por sobretodo, que efectivamente orientemos nuestras decisiones a servir a los demás, principalmente a los más pobres.

Es este servicio, por lo demás, la manifestación más profunda de lo que significa ser ciudadano (y en lo que consiste la realización de toda persona en cuanto tal) y, a la vez, esa entrega es el mayor bien social, el mayor bien común. Sufragar, en realidad, es una expresión mínima de esta idea. No basta, en estos tiempos, hablar del derecho a participar, sino que urge considerar el deber de hacerlo, de comprometerse con el bien de la comunidad.

En este sentido, el sufragio es lo mínimo; y la verdad es que ninguna sociedad sobrevive con lo mínimo: el compromiso social debe ser mucho más que cumplir las leyes o votar de vez en cuando.

Tal vez, un primer paso para avanzar en esta línea sea comprender que la obligación de participar en la vida social no es una obligación para con el Estado ni se justifica por sus contraprestaciones, sino que es una obligación que se funda, en última instancia, en la idea de que todos somos verdaderamente responsables de todos.