En la nota, el profesor Pinto aclaró que la norma que prohíbe a funcionarios públicos representar a imputados por delitos de la Ley 20.000 aplica solo «para quien tenga un patrocinio vigente», y que en el caso de abogados que aspiran a un cargo de elección popular y que en el ejercicio de la profesión hayan representado a imputados por delitos de drogas, no existe “un impedimento legal» para presentarse como candidatos, «siempre y cuando al ser electo no cuenten con ninguna representación de ese tipo».
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