La Tercera | Rector Vargas explica el efecto negativo que tendrán los aranceles regulados para las casas de estudios privadas
La máxima autoridad universitaria se aventuró a preguntar “si la autoridad está realmente interesada en que las universidades privadas sigan adscritas a la política de gratuidad”.
Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae y ex subsecretario de Educación Superior fue uno de los rectores de Universidades Privadas que han criticado de manera pública cómo los aranceles regulados propuestos por la Subsecretaría de Educación Superior llegarían a tener un efecto negativo en algunas casas de estudios.
Las diferencias entre los rectores y las autoridades estatales, tiene que ver con cómo se implementan estas transferencias que realiza el Estado a las instituciones por cada alumno beneficiario de la gratuidad. Resumidamente, es el dinero que las instituciones reciben por cada estudiante que tienen matriculado con el beneficio.
Según publica el diario La Tercera, el cálculo de estos nuevos aranceles para 2026 afectará de manera significativa la estabilidad económica de varias casas de estudios, lo que generaría un efecto mayor en las casas de estudios privadas.
Según las estimaciones de estas mismas instituciones, y que fue recogido por el medio, las casas de estudios agrupadas en la Corporación de Universidades Privadas (CUP) proyectan una caída de $25.643 millones en sus ingresos, lo que contrasta con las universidades estatales con un aumento de $25.438 y las del G9 con $18.519 millones.
Ante esto, el rector de la U. Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, fue enfático en explicar que están siguiendo el tema con atención y preocupación, dado que “generará menores ingresos para las universidades privadas adscritas a gratuidad cercanos a los $26 mil millones anuales. El panorama en general para las instituciones privadas es poco auspicioso, por esto es completamente razonable que cada casa de estudios esté analizando diferentes medidas para alertar a las autoridades de esta decisión y que así puedan dimensionar los efectos colaterales que se generan, siendo una de las principales consecuencias atentar contra la calidad de la enseñanza. En este contexto, cabe incluso preguntarse si la autoridad está realmente interesada en que las universidades privadas sigan adscritas a la política de gratuidad”.
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