La ministra y vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco Martínez, se refirió a los múltiples cambios al actual funcionamiento del Poder Judicial propuestos en la nueva Constitución, durante la clase magistral que dictó como parte de la inauguración de la 13a versión del Magíster de Derecho Público de la Universidad Finis Terrae, instancia que contó con la presencia del decano de la Facultad de Derecho, Ignacio Covarrubias Cuevas, el Director de Postgrados, Alejandro Leiva López, y el Director de Publicaciones de la facultad, Enrique Navarro Beltrán, además de docentes y alumnos de pregrado y postgrado de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae.

En un auditorio casi al tope de su capacidad, la ministra Vivanco analizó la creación del Consejo de Justicia propuesta en la eventual nueva Constitución; un nuevo organismo de “facultades muy amplias” que estará a cargo del nombramiento de los jueces de todos los tribunales del país, su evaluación y calificación, la adopción de medidas disciplinarias, la creación y supresión de tribunales y la habilitación y formación de los magistrados, entre otras tareas.

Al respecto, la ministra Vivanco hizo ver la preocupación de la Corte Suprema por la composición de dicho organismo, el que incluirá entre sus miembros a personas que “tienen un origen político y un origen étnico”, además de funcionarios del Poder Judicial y jueces, los cuales no serán miembros mayoritarios dentro del Consejo.

“Un Consejo de amplias facultades y sin mayoría judicial entre sus miembros, es perfectamente posible que pueda terminar politizándose (…) Puede tratarse de una instancia en que directamente haya una pérdida de la independencia judicial o incluso podemos encontrar funciones tan abiertas que pueden ser interpretadas de múltiples maneras”, advirtió.

La ministra además destacó que en la propuesta de nueva Constitución se establece que de ser sancionados disciplinariamente por el Consejo de Justicia los jueces no podrán apelar. “Esto implica una limitación respecto de los derechos procesales de los jueces que genera preocupación”.

Cuatro grandes cambios

Durante su exposición, la ministra señaló que, junto a la creación del Consejo de Justicia, los principales cambios al actual sistema judicial propuestos son las modificaciones a las acciones cautelares, el cambio de nombre del Poder Judicial a “Sistema Nacional de Justicia” —incluida la creación de un Sistema de Justicia Indígena— y la disminución del período de los jueces.

“Lo que hemos visto hasta ahora tiene algunos problemas y también tiene algunos vacíos. ¿Pasamos a ser los miembros del Poder Judicial, los miembros de un servicio o los miembros de un poder?, porque evidentemente no es lo mismo ser un servicio que un poder, desde el punto de vista de cómo se sitúa uno en un equilibrio de frenos y contrapesos en esta materia”, planteó la ministra.

Con relación a los vacíos del nuevo Sistema de Justicia Indígena, la ministra Vivanco destacó que se desconoce “¿cuáles son las autoridades? ¿Sobre qué costumbres van a resolver? ¿A quiénes rigen? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros como Corte Suprema respecto a las impugnaciones en esta materia? Este es un tema que tiene un gran vacío que está entregado a la ley”.

Sobre los principios que señalan que los Sistemas Nacionales de Justicia deberán fallar desde el punto de vista de la perspectiva de género, con un enfoque interseccional y de DD.HH., la ministra advirtió que “ya no solamente podemos hablar de conceptos jurídicos indeterminados, sino incluso de conceptos que van más allá de lo jurídico. Y, en consecuencia, que quizá habría que hacer uso de otras disciplinas para dotarlos de contenido. (…) Son enfoques que no tienen una definición, por lo cual va a ser un desafío qué es lo que se hace respecto de esa obligación”.

En relación a las profundas modificaciones propuestas a las medidas cautelares, la ministra Vivanco explicó que el proyecto contempla cuatro medidas cautelares: “La acción de tutela de derechos fundamentales, que es la heredera del recurso de protección; la acción de amparo, qué es exactamente el recurso de amparo que existe en la Constitución actual; la compensación por privación de libertad sin condena, que no se configura como una acción sino como una especie de derecho pero que está por otro lado asociado con la acción de indemnización por error judicial: son como dos acciones pero en realidad es como si fuera una, pero no pone límites demasiado clarificados. Y desaparece el recurso de protección como estaba concebido, conjuntamente con 32 años de jurisprudencia en esta materia”.

Junto con analizar los numerosos vacíos que deja la propuesta en este ámbito, la ministra destacó las diferencias fundamentales que tendría la nueva acción de tutela de derechos fundamentales como reemplazo del actual recurso de protección, señalando que “es bastante preocupante la situación”. Asimismo abordó las numerosas dudas jurídicas que deja el eventual nuevo texto en relación a la compensación por privación de libertad sin condena y la acción de indemnización por error judicial.

Por último, sobre las consecuencias más inmediatas que podría tener la disminución del período de los jueces advirtió que “si no se hace ninguna prevención en la parte transitoria de la Constitución (…) esto va a significar la salida inmediata de más de cien miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Salida inmediata. Y en el lapso de cinco años se suman más o menos 20 o 30 personas más. Tema que nosotros hemos hecho presente en nuestra preocupación, porque esto impacta directamente a la administración de justicia y genera una situación súper compleja”.“La verdad es que estamos viviendo desde el punto de vista del Poder Judicial, una situación bastante compleja y bastante difícil. Muchos aspectos que de alguna manera nos dejan en la duda de cómo se van a resolver. Puede ser que pasen años de tramitación desde el punto de vista de las leyes complementarias. Hay otras situaciones que se nos aproximan rápidamente, como la cesación de los jueces, si es que no hay normas transitorias al respecto. Y particularmente, sin perjuicio de las preocupaciones que uno ve de la lectura del texto o que uno tiene del punto de vista de la situación de los tribunales, lo más preocupante es que esto tiene un impacto directo sobre la administración de justicia y sobre las personas que esperan respuestas de la justicia”, resumió.

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