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Profesor Emanuel Ibarra expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre proyecto de reforma a la Ley de Superintendencia del Medio Ambiente

En su ponencia, el Director Académico de nuestro Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, enfatizó la necesidad de revisar el informe financiero del proyecto, en relación a las nuevas tareas que tendrá que asumir la superintendencia.

Publicado: Enero 20, 2025

En su calidad de exfiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente y actual catedrático universitario, el Director Académico de nuestro Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Emanuel Ibarra Soto expuso el miércoles 15 de enero, su opinión sobre el proyecto de reforma de la ley de Superintendencia del Medio Ambiente, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas.

En la instancia, el profesor Ibarra abordó las complejidades de algunas de las nuevas atribuciones del organismo, como la incautación y las medidas cautelares en casos donde no existen instrumentos de carácter ambiental, advirtiendo que dichas facultades “podrían superponerse a las competencias de otras instituciones, lo que traerá problemas de gestión evidentes”.

Asimismo, el académico recalcó la necesidad de revisar el informe financiero del proyecto en relación a las nuevas tareas que tendrá que asumir la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), señalando que el aumento de funcionarios que contempla el proyecto (18 personas en tres años) no serían suficientes para todas las nuevas tareas que el organismo tendría que asumir, especialmente en sus oficinas regionales y en las áreas de fiscalización y sanción.

Al respecto, el docente citó un estudio de PWC que indica que al 2025, la SMA debía tener 545 personas. “Actualmente, el organismo tiene solo 300 funcionarios y el proyecto agrega apenas 18 más. En consecuencia, el informe financiero tiene un problema de fondo: no ponderó la real capacidad de carga del servicio”, explicó el docente, advirtiendo que “crear nuevas atribuciones sin personal que las implemente hace que el proyecto —que finalmente fue aprobado por la Cámara Baja y hoy se encuentra en el Senado— sea letra muerta”.