Desarrolladas bajo el título La protección de los derechos fundamentales: tensiones, debates y perspectivas, las LIV Jornadas de Derecho Público de la Pontificia U. Católica de Chile reunieron a académicos de una veintena de universidades para compartir sus investigaciones en torno a las áreas de Derecho Político y Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público, además de debatir sobre los principales desafíos de estas disciplinas.
En esta nueva versión del tradicional encuentro académico, un grupo de docentes constitucionalistas y administrativistas de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae expusieron sus trabajos en torno a diversas temáticas como el derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte Suprema, la acción de inaplicabilidad como mecanismo de protección de derechos fundamentales, el concepto de libertad en la filosofía de Friedrich Hayek, el reconocimiento constitucional de la libertad de enseñanza y el rol fundacional de la Constitución de 1925 en la separación entre Iglesia y Estado.
Precisamente este último tema fue el expuesto por el profesor Joaquín Palma Cruzat, en el marco del centenario de dicha Constitución. En su ponencia, el profesor Palma abordó el tratamiento jurídico de los conflictos entre la libertad religiosa —en su dimensión institucional— y el principio de igualdad ante la ley, y analizó la figura de la “excepción ministerial” en el derecho comparado, especialmente en la jurisprudencia constitucional estadounidense, como una herramienta conceptual útil para delimitar espacios de autonomía confesional legítima.
Por su parte, el profesor y Director de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Dr. Cristóbal Aguilera Medina, expuso una renovada mirada sobre la libertad de enseñanza, planteando que esta debe entenderse como una verdadera “competencia” de carácter fundamental que distribuye autoridad entre el Estado y los ciudadanos, más que como un simple derecho.
En línea con las teorías de Robert Alexy y Joseph Raz, en su ponencia el profesor Aguilera sostuvo que el reconocimiento constitucional de la libertad de enseñanza otorga a padres y comunidades educativas un estatus jurídico de autoridad protegida frente a la injerencia estatal, lo que implica que las decisiones adoptadas por los titulares de este derecho —como la elección del centro educativo, la organización interna de los colegios o la definición de proyectos formativos— tienen un carácter definitivo y no pueden ser uniformadas o desplazadas arbitrariamente por los poderes públicos.
Asimismo, el profesor Aguilera advirtió que los órganos administrativos y judiciales han transferido estas competencias al Estado «de manera creciente e indebida«, amparados en conceptos indeterminados como el “interés superior del niño”, subrayando la importancia de preservar el núcleo competencial de la libertad de enseñanza debido a que “lo fundamental no es solo el contenido de las decisiones, sino quién tiene la potestad de adoptarlas según la Constitución”.
En el encuentro, también participó el profesor de nuestra Facultad, Dr. Rodrigo Poyanco Bugueño, quien presentó su análisis en torno al uso de las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como elemento de argumentación en las sentencias de la Corte Suprema que adjudican derechos sociales, particularmente en materia de derecho a la salud, investigación realizada a través de un Fondecyt de Iniciación.
En su ponencia, el Dr. Poyanco advirtió que “la utilización en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal de la técnica de citar observaciones generales del Comité PIDESC podría incidir fuertemente en la interpretación constitucional o legal del derecho a la salud y en la forma de adjudicarlo, con evidentes consecuencias en la formulación interna de aquellas políticas y en la relación competencial entre los jueces y las autoridades representativas”.
Por su parte, el ex ministro del Tribunal Constitucional (TC) y director de publicaciones de nuestra Facultad, Enrique Navarro Beltrán, analizó la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las leyes como mecanismo de protección de derechos fundamentales, potestad que fue traspasada al Tribunal Constitucional, en la reforma de 2005, constituyendo desde entonces el 99% de los ingresos de ese organismo.
“De la revisión de los últimos 7 años —especialmente de la acciones acogidas— puede observarse la muy variada jurisprudencia del TC respecto de los elementos que conforman dicha garantía”, explicó el profesor Navarro durante su exposición sobre este prerrogativa que tiene por finalidad “determinar, en un caso concreto, los efectos contrarios a la Carta Fundamental que produce la aplicación de un precepto legal determinado en una gestión judicial pendiente”.
Finalmente, el también profesor de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, Álvaro Vergara, analizó las bases de “una de las críticas más frecuentes dirigidas a Friedrich Hayek” por supuestamente “no haber considerado en su análisis lo que Isaiah Berlin, en su ensayo Dos conceptos de libertad, denominó ‘libertad positiva’”, explicó el académico.
“Un estudio acabado del pensamiento del autor austriaco permite sostener que Hayek conocía plenamente esa noción”, explicó en la instancia el docente, quien en su ponencia expuso cómo Hayek interpretó lo que comúnmente se entiende por “libertad positiva”; expuso la concepción de la libertad del pensador en cuestión y presentó algunos ejemplos de sus propuestas institucionales para preservar ambas dimensiones.
