El encuentro reunió a académicos pertenecientes a ambas asociaciones, con el fin de analizar el régimen de redistribución de aguas en sequía, herramienta jurídica que se activa mediante decretos de escasez hídrica emitidos por la Dirección General de Aguas (DGA), priorizando el consumo humano y el uso del recurso con fines de saneamiento y buscando reducir al mínimo los daños a la población derivados de la sequía, así como el decreto que establece la tarifa de los servicios sanitarios.
En la actividad, realizada en la Universidad de Chile, los académicos de nuestra Facultad analizaron críticamente los instrumentos jurídicos que el Estado utiliza frente a escenarios de sequía y escasez hídrica.
La profesora del Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Finis Terrae, Camila Martínez Encina, abordó el escenario donde la priorización de abastecimiento para fines sanitarios puede generar tensión con otros fines, como la seguridad alimentaria y la preservación ecosistémica. Asimismo, dialogó sobre los desafíos que plantea la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático en este esquema regulatorio, planteando desafíos vinculados a la OC-32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el profesor de pregrado Ítalo Montes Cáceres destacó la diferencia entre sequía —fenómeno natural de bajas precipitaciones— y escasez hídrica —resultado de una gestión deficiente, aumento de la demanda y variabilidad climática—, señalando que la actual regulación tiende a confundir ambos conceptos y a responder de forma más reactiva que preventiva.
Asimismo, examinó la Declaratoria de Escasez Hídrica regulada en el Código de Aguas, y los decretos de emergencia agrícola, sanitaria y de catástrofe, enfatizando que “dada la multiplicidad de títulos de intervención del Estado, su objetivo se torna ineficaz, y por ello, suelen dictarse año tras año sin visión clara a largo plazo por parte de la Administración”.
Finalmente, la profesora Martínez señaló que el encuentro “fue un diálogo fructífero que permitió dar cuenta de la interseccionalidad del Derecho Ambiental y el Derecho de Aguas, y plantear ideas y soluciones institucionales a los problemas diagnosticados”.
