“Si bien la figura de los asesores presidenciales no está explícitamente determinada en la Ley de Lobby como un sujeto pasivo, igualmente hay que tener en cuenta que en su calidad de funcionario público, el exdiputado Crispi debe sujetarse a los deberes de probidad que establece el artículo octavo de la Constitución para todo funcionario público”, explicó el docente.