Durante el programa se abordaron diversos derechos sociales como la educación, salud, vivienda y pensiones, sus grados de exigibilidad, su relación con el crecimiento económico de los países y el impacto real que su constitucionalización tendría o no en las condiciones materiales y la calidad de vida de las personas, entre otras temáticas relacionadas.

“Todos los derechos sociales a nivel constitucional requieren de un desarrollo de políticas públicas que se expresan normalmente en leyes y reglamentos. Solo cuando se dicta la ley, solo cuando se dicta el reglamento, es que aparece el derecho social. Un cambio de Constitución no asegura necesariamente que ese derecho formulado a nivel constitucional se termine transformando efectivamente en beneficios socioeconómicos”, explicó el profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Rodrigo Poyanco.

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