El rector de la Universidad Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, cuestionó la falta de rigurosidad del Gobierno en la tramitación del proyecto de ley que crea el Fondo de Financiamiento a la Educación Superior (FES), a raíz del reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre el tratamiento contable que deberán tener los recursos entregados a los estudiantes.
En primer término, el Rector explicó que el dictamen del órgano contralor “viene a confirmar que el FES implicará un gasto efectivo para el Estado y no un ahorro, como se nos ha querido hacer ver”. Esto que, a su juicio, “pone en evidencia un error de cálculo y una tramitación legislativa carente de fundamentos técnicos sólidos”.
Falta de fundamentos técnicos
Juan Eduardo Vargas recordó que la propia Dirección de Presupuestos (DIPRES) estimó que el proyecto representaría un ahorro neto para el Fisco, “algo que siempre pareció poco realista”, afirmó, “por los supuestos erróneos utilizados en sus proyecciones”. Entre ellos, mencionó la ingenuidad de suponer que los mismos estudiantes que hoy se financian con el Crédito con Aval del Estado (CAE) optarían por el FES, “sin considerar que muchos evitarán endeudarse en un sistema que los obligará a pagar varias veces el monto prestado, incluso recurriendo a la banca privada para no enfrentar un impuesto excesivo durante veinte años”.
Asimismo, el rector señaló que las estimaciones de la DIPRES “asumen erróneamente que no habrá morosidad en el pago, confiando en mecanismos de recaudación cuya eficacia está lejos de estar demostrada”.
A esto se suma que una de las bases del supuesto equilibrio financiero del FES es “la postergación de la gratuidad para los estudiantes del séptimo decil”, medida que calificó como contradictoria: «Resulta difícil entender que quienes en su momento defendieron con fuerza la gratuidad universal hoy estén impulsando su aplazamiento».
Finalmente, Vargas advirtió que tampoco se ha considerado el incentivo que significará el FES para que nuevas instituciones decidan adscribirse a la política de gratuidad. “No parece razonable suponer que mantendrán su independencia si ello les acarrea un perjuicio económico directo”, señaló.
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