Roberto Flores, ex canciller de Honduras: “Los reclamos de inversores contra el Estado de Honduras suman más de 12 mil millones de dólares, lo que representaría el 40% de los recursos del Estado”
El abogado y ex ministro de RR.EE. del país centroamericano analizó la denuncia que realizó Honduras al Convenio de Washington, como parte de la mesa académica que cerró el seminario “Revisión de laudos arbitrales 2023: 5º Encuentro Anual”, organizado por las Facultades de Derecho de la U. Finis Terrae y la U. Autónoma de Chile.
En reacción a las nueve demandas presentadas por inversionistas extranjeros contra el Estado de Honduras durante 2023, a principios de este año el Gobierno de dicho país centroamericano decidió denunciar al Convenio de Washington, situación que fue analizada por el abogado y ex canciller de la República de Honduras, Roberto Flores Bermúdez, durante el cierre de la 5ta versión del seminario Revisión de laudos arbitrales de inversión 2023, organizado por las facultades de Derecho de la U. Finis Terrae y la U. Autónoma de Chile.
“Los motivos principales de la denuncia estarían vinculados con anomalías en el sistema internacional de solución de controversias entre inversionistas y Estados, las facilidades que la Administración pasada confirió a inversionistas —y con las cuales la presente Administración no concuerda—, y una visión muy limitada del alcance de esta decisión en el campo jurídico”, señaló el excanciller.
Asimismo, el jurisconsulto destacó que, consecuencia de esta denuncia, “el Estado de Honduras está obligado a pagar las sumas reclamadas, que suman más de 12 mil millones de dólares. Esto, comparado con el Producto Nacional Bruto que es de 32 mil millones, representaría el 40% de los recursos del Estado”.
La Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocida como Convención de Washington, fue dictada en 1965 por el Banco Mundial para brindar seguridad jurídica a la inversión extranjera internacional y crear mecanismos de solución de controversias entre Estados anfitriones e inversores extranjeros (conciliación y arbitraje), administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como instancia arbitral, explica la Directora de Investigación de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, doctora Ivette Esis Villarroel.
“Una de las principales consecuencias de la denuncia de Honduras a dicho convenio es que cierra la posibilidad de que el inversor extranjero pueda demandar a Honduras en esa institución, de acuerdo a las reglas procesales de la propia Convención”, agregó la docente.
Junto a la exposición del excanciller Flores, en la instancia, la abogada hondureña Stephanie Andino Ochoa entregó el contexto legal que rige a los temas de inversión en dicho país, planteando que toda esa legislación “muestra que a pesar de que Honduras haya denunciado el convenio del CIADI, sigue manteniendo un entorno jurídico que protege a la inversión”.
Por su parte, el abogado Juan Diego Lacayo González analizó las consecuencias de la denuncia a la Convención de Washington, advirtiendo que esto no implica que Honduras dejará de recibir demandas por parte de inversionistas extranjeros, ya que el CIADI no es el único mecanismo que existe para ello. Asimismo, destacó que esta decisión menoscaba la reputación internacional de Honduras, aumenta el riesgo país y afecta la llegada de inversiones, ya que al vulnerar la seguridad jurídica “el arbitraje deja de ser ese contrapeso que teníamos como garantía de protección de inversiones a la hora de asesorar a nuestros clientes internacionales”.
Además de la mesa dedicada a Honduras, a lo largo de las dos jornadas del seminario, expertos de toda la región analizaron los laudos arbitrales de inversiones más destacados de 2023.
En la instancia, la Directora de Investigación de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae y organizadora del evento, doctora Ivette Esis Villarroel, destacó que las ponencias dieron cuenta de que en este tipo de solución de controversias efectivamente se “está analizando cuándo un Estado soberanamente incumple o no incumple un tratado, y no cuando actúa como una simple parte contractual”, que se “está ratificando una tendencia según la cual los Estados comienzan a ser más cautelosos respecto a la admisión de las inversiones extranjeras por motivos, por ejemplo, de seguridad nacional”, además de confirmarse la “necesidad de que los Estados expresen su consentimiento de acudir a este tipo de arbitrajes de manera explícita a través de una ley, un contrato o un tratado”.
Finalmente, el Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la U. Autónoma de Chile y coorganizador del evento, doctor Andrés Delgado Casteleiro, destacó que el seminario Revisión de laudos arbitrales de inversión “es una actividad académica única en Latinoamérica, que en esta quinta edición se consolida como un evento especial que atiende a la constante necesidad de actualización del público interesado en temáticas relevantes sobre la litigiosidad inversor-Estado”.
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