Fiel a su compromiso con el diálogo plural y la reflexión sobre los temas que definen el rumbo de Chile, la Universidad Finis Terrae se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la academia, la política y la sociedad. A través del ciclo Claves Económicas, la institución busca aportar evidencia, conocimiento y análisis riguroso a la discusión pública, generando un punto de convergencia para distintas miradas sobre el futuro del país.
En esa línea, la Facultad de Derecho y el Centro de Políticas Públicas de la casa de estudios convocaron a los asesores económicos de tres de las candidaturas presidenciales para dialogar sobre los desafíos estructurales de la economía chilena, la sostenibilidad fiscal y las perspectivas de crecimiento en un año de definiciones políticas.
El encuentro —que reunió a Osvaldo Rosales (equipo de Jeannette Jara), Juan José Obach (equipo de Evelyn Matthei) y Tomás Bunster (equipo de José Antonio Kast)— permitió contrastar diagnósticos y debatir sobre las estrategias para recuperar el dinamismo económico del país.
Pese a sus diferencias ideológicas, los tres expertos coincidieron en describir el desempeño económico de la última década como “absolutamente mediocre”, advirtiendo que el actual ritmo de crecimiento es insuficiente para responder a las demandas ciudadanas.
Diagnósticos compartidos
Durante el conversatorio, que fue moderado por Jaqueline Gómez, decana de la Facultad de Economía y Negocios, los representantes de los equipos económicos presentaron sus visiones respecto a la situación fiscal del país, el estancamiento del crecimiento, la sostenibilidad de la deuda pública y las reformas necesarias para impulsar el desarrollo.
Tomás Bunster, asesor del equipo económico de José Antonio Kast, planteó como condición fundamental para la recuperación económica resolver la emergencia de seguridad que atraviesa el país, señalando que mientras no se recupere el control de los territorios ni se reduzca la incertidumbre regulatoria, será imposible que florezca la industria. Además, subrayó la necesidad de “recuperar la competitividad tributaria” y advirtió que “estamos claramente encaminados hacia una crisis fiscal”.
Por su parte, Juan José Obach, miembro del equipo económico de Evelyn Matthei, coincidió en que Chile enfrenta “un problema bien grande como país”, marcado por el bajo crecimiento y el deterioro de las finanzas públicas.
Entre sus propuestas destacó una rebaja de impuestos corporativos para reactivar la inversión, la simplificación de la “permisología” y una reforma a la gestión del Estado, que incorpore incentivos y responsabilidades en el desempeño de los funcionarios públicos. “Si no podemos premiar a los que hacen bien la pega ni sancionar a quienes no cumplen, es muy difícil tener un Estado moderno”, señaló.
Una mirada distinta al escenario fiscal y el crecimiento económico
Desde una posición divergente, Osvaldo Rosales, representante del equipo de Jeannette Jara, sostuvo que la situación fiscal “es bastante menos dramática de lo que aquí se ha planteado”. A su juicio, aunque la deuda pública ha aumentado, Chile sigue teniendo una posición favorable dentro de la OCDE.
Además, recordó que el país mantiene “una de las menores presiones tributarias del mundo desarrollado” y que “solo seis países de 42 tienen un déficit fiscal menor que Chile”. Sin embargo, coincidió con sus pares en que “un 2% de crecimiento es tremendamente mediocre y eso hay que revertirlo”.
Formación y capital humano
El debate también incluyó propuestas sobre la reconversión del capital humano frente a la transformación digital. Bunster abogó por un marco que incentive la iniciativa privada y “recupere la dignidad del emprendimiento”, mientras que Obach propuso adaptar la jornada laboral a esquemas más flexibles y fortalecer la capacitación vinculada a los sectores productivos.
A su vez, Rosales planteó la creación de una agencia de inversión estratégica, encargada de coordinar los ministerios con competencias en inversión y de identificar proyectos de impacto nacional y regional. Según explicó, dicha entidad también promovería mesas público-privadas en cada región para priorizar iniciativas que generen empleo y actividad productiva, evaluando el desempeño de los funcionarios públicos en función del avance de esas inversiones.
